La inversión en infraestructura de la región —por debajo de indicadores aconsejables— es en el escenario económico actual una oportunidad para garantizar el crecimiento en el largo plazo. En esa medida, los gobiernos vienen aplicando ambiciosos planes de infraestructura en los que las instituciones financieras de desarrollo, por sus variadas fuentes e instrumentos financieros, juegan un rol preponderante. El siguiente artículo analiza los avances, desafíos y oportunidades en el sector.

En las últimas dos décadas, América Latina y el Caribe (ALC) han gastado anualmente, en promedio, 2,5% de su PIB (US$ 150 mil millones) en desarrollo y mantenimiento de obras, una cifra muy por debajo del nivel aconsejado, que es de 5%, y muy por debajo de los países asiáticos, que invierten en infraestructura hasta 9% de su PIB.

En la región, son pocos los países que en diferentes momentos apenas si han superado el umbral de 5%: Costa Rica, Uruguay y recientemente Nicaragua. De acuerdo con el BID, ninguna de las grandes economías —Argentina, Brasil, Chile o México— ha invertido más de 3% del PIB. La CAF señala que China dedica hasta 8,6% del PIB, mientras que Japón e India 5%. Incluso, en países con infraestructuras consolidadas como Australia, Canadá o Nueva Zelanda, el gasto alcanza un 4% del PIB. Con las tasas de inversión actuales, China, Japón y Australia probablemente superen sus necesidades de infraestructura en el 2030, se indica en un estudio de McKinsey Global Institute (MGI).

En el escenario actual, con precios de materias primas no tan dinámicos, se va a originar un fuerte desafío al modelo de crecimiento. Para paliar estas dificultades, ALC deberá concentrarse en aumentar la productividad para garantizar el crecimiento a largo plazo, y mejorar la infraestructura representa una oportunidad para lograrlo.

No obstante, tal como lo señala el Foro Económico Mundial (WEF), esta no es una tarea fácil. En muchos países latinoamericanos, la caída de los precios de los commodities ha exigido una reestructuración de los balances fiscales, que limita los recursos disponibles para proyectos de inversión pública. A su vez, los canales tradicionales de financiación no se recuperaron del todo de la última crisis financiera, y el proceso de desapalancamiento llevado a cabo por algunas instituciones financieras importantes ha limitado el crecimiento de la financiación para proyectos de largo plazo. Por último, los vehículos de financiación están limitados a canalizar recursos de inversores institucionales, dejando de lado a otros participantes; y, aunque los proyectos de infraestructura puedan coincidir con la madurez de sus portafolios, su participación en infraestructura se ve restringida por una falta de portafolios de proyectos financiables que ofrezcan retornos aceptables ajustados al riesgo.

En respuesta a estos múltiples retos, los gobiernos de los países de ALC han lanzado ambiciosos planes de desarrollo de la infraestructura, en los cuales los bancos de desarrollo tienen un rol preponderante por sus variadas fuentes e instrumentos de financiamiento.

En Argentina

El gobierno de Argentina planea aumentar la inversión en infraestructura en los próximos cuatro años, de un poco más de US$ 10 mil millones a más de US$ 25 mil millones, concentrándose en tres ejes: brindar una mayor transparencia en la obra pública con la creación de un registro nacional de constructores único, respetar el valor real de las obras para que las empresas no pierdan rentabilidad, e impulsar a las participaciones público-privadas-APP con una ley ya aprobada en el Congreso.

Asimismo, ha trabajado el Plan Nacional del Agua y el Plan Nacional de Vivienda y Hábitat. Con el primero, se espera que la inversión entre 2016 y 2019 llegue a US$ 15 mil millones para agua potable y saneamiento; US$ 9 mil millones para adaptación del territorio al cambio climático, US$ 1 600 millones para planes para evitar inundaciones, US$ 1 200 millones para expansión del riego y US$ 3 200 millones para aprovechamientos multipropósitos. Estas obras crearán más de 200 mil nuevos puestos de trabajo. En cuanto al segundo plan, se proyecta la construcción de 120 mil viviendas, la reurbanización de 505 asentamientos vulnerables y la mejora de 456 mil unidades. La inversión superará los US$ 7 mil millones entre 2016 y 2019, con una fuerte participación privada.

En Brasil

El gobierno lanzó en septiembre de 2016 el Proyecto Crecer, cuyo objetivo es fomentar las obras de infraestructura en Brasil, que nació con el Programa de Asociación para Inversiones (PPI). El PPI planea lanzar las cuatro concesiones de los aeropuertos y terminales de carga de combustible. La licitación está prevista para el 16 de marzo de 2017 y se espera recaudar al menos US$ 3 mil millones en subvenciones a las concesiones. En el sector de carreteras, dos concesiones deberían ponerse en marcha en la primera mitad de 2017: tramo de BRS-364/365, entre Goiás y Minas Gerais, y BRS-101/116/290/386, en Rio Grande do Sul. Para fines de año, también se subastarán el Ferrocarril Norte-Sur, que integrará el Mato Grosso y Pará, y el Ferrocarril de Integración Este-Oeste (Fiol), en Bahía.

En la segunda mitad de 2017 debería tener lugar la 14ª ronda de licitación de bloques de exploración de petróleo y gas natural, y la segunda ronda de bloques del pre-sal, ambos aprobados por el Consejo Nacional de Política Energética (CNPE). En este sector, también está prevista la venta de los activos de la Sociedad de Investigación y Recursos Minerales y la privatización de Amazonas Distribuidora de Energía, Boa Vista Energia, la Compañía Eléctrica de Acre, Empresa de Energía de Alagoas, Empresa de Energía de Piauí Rondônia y centrales eléctricas. Hasta ahora, el gobierno ha cumplido el calendario PPI, presentado en 2016. La primera subasta fue el distribuidor de energía CELG-D, Goiás, comprada por el grupo italiano por unos US$ 700 millones.

Para la financiación, se designaron tres bancos: Banco do Brasil, para ayudar a coordinar la participación de los bancos privados; Caixa Econômica Federal y el BNDES. Estos dos últimos han destinado unos US$ 9 060 millones en fondos para proyectos de concesiones en virtud del programa de infraestructura denominado Crescer. Un total de US$ 3 850 millones provienen del fondo de inversión FI-FGTS de la Caixa, y el aporte del BNDES fluctuará entre US$ 3 205 millones y US$ 6 410 millones. Todos los proyectos que se enmarcan en el PPI podrían obtener la aprobación automática de bonos, lo que ayudaría a acelerar las adquisiciones de fondos.

En Chile

En mayo de 2016, el gobierno chileno anunció la creación de un Fondo de Infraestructura para impulsar al sector de construcción y obras públicas. La iniciativa considera la creación de una empresa pública —una sociedad anónima supervisada por la Superintendencia de Valores y sin opción a transferir sus acciones—, la cual manejará los activos y las concesiones que se han otorgado en las últimas décadas y que están próximas a vencer, por un monto aproximado de US$ 9 000 millones.

El Fondo es 99% propiedad del Estado y 1% de la Corfo, mientras que las acciones de esta sociedad serán inajenables. Los ministros de Hacienda y de Obras Públicas representarán al Estado en el directorio de la empresa, mientras que sus otros cinco integrantes serán elegidos a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción concluyen que Chile requiere inversiones en infraestructura por unos US$ 51 000 millones en los próximos diez años. Por ello, el gobierno tiene planeado concesionar, entre marzo 2016 y 2018, obras por más de US$ 4 000 millones. En 2014, la inversión adjudicada en licitaciones —caso aeropuerto de Santiago— fue de US$ 1 100 millones; mientras que en 2015 ascendió a US$ 1 582 millones, con obras como el embalse Punilla, mejoramiento de carreteras y el túnel El Melón.

En Colombia

En 2014, Colombia invirtió el 3,4% de su PIB en infraestructura; pero en 2015 recibió más de US$ 11 000 millones (un 32% más que en 2014) del sector privado para el desarrollo de 18 proyectos. El gobierno colombiano ha puesto en marcha un ambicioso programa llamado “carreteras de cuarta generación”, con una inversión cercana a los US$ 20 000 millones para la construcción de medio centenar de vías que cubran más de 8 000 kilómetros de distancia. Además, la administración ha licitado dos líneas de ferrocarril y 55 concesiones portuarias.

La meta gubernamental es que para 2018 los tiempos de desplazamiento a los puertos se reduzcan hasta en 30%, y el costo de transporte baje en cerca de 20%. Los analistas de la OCDE indican que con el desarrollo de las carreteras, la economía colombiana logrará un efecto contracíclico, elevando el crecimiento del PIB en 0,7% durante la próxima década.

Otra meta planteada por el gobierno en lo que queda de la actual administración es la entrega de 450 mil nuevas viviendas, que generarán más de 1,5 millones de empleos. Los componentes a través de los cuales el gobierno busca lograr este objetivo están representados en la segunda fase del programa Casas Gratis, 130 mil nuevos subsidios para el programa de las cajas de compensación en el sector formal, el plan PIPE 2,0 de subsidio a la tasa para vivienda de hasta US$ 75 mil y los programas “Mi Casa Ya”, para ahorradores que ganen entre uno y dos salarios mínimos, y “Mi Casa Ya Cuota Inicial”, para familias que reciban de dos a cuatro salarios de ingreso.

En México

El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI) se vio afectado por una serie de recortes producto de la coyuntura internacional y problemas políticos. El PNI contempla inversiones por unos US$ 369 mil millones después del recorte presupuestal, de las cuales 53% se destinará a energía, 25% a vivienda, 14% a comunicaciones, 5% a obras hidráulicas y 3% a turismo y salud. Se preveía que el 63% iba a ser financiado con recursos públicos y 37% con inversión privada, aunque dichas proporciones podrían moverse a partir de los recortes.

De los 266 proyectos que se tienen programados en el PNI, el 40% corresponden a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT), y hasta el momento 39 han sido concluidos con una inversión cercana a los US$ 818 millones. Al finalizar 2016, se terminaron 19 compromisos más con una inversión de US$ 1 690 millones.

Ya se han construido, reconstruido y modernizado casi 30 mil kilómetros de caminos. Para el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México se tienen 180 licitaciones de las obras más importantes con un valor total de más de US$ 4 809 millones. Del tren México-Toluca se tiene un avance del 42%, del de Guadalajara se logró avanzar 65% de la obra.

En Perú

El Perú aún está lejos de poner fin a la brecha de inversiones en infraestructura, que entre el 2016 y el 2025 ascenderá a casi US$ 160 mil millones, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). Para agilizar la ejecución de proyectos públicos, el gobierno lanzó en 2016 el nuevo sistema Invierte Perú (Invierte.pe) que reemplaza al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP). Esta plataforma facilitará las inversiones en todos los niveles del gobierno.

El nuevo sistema tiene como principal característica la identificación y priorización de proyectos que cierran brechas sociales y económicas en el país, además de agilizar la aprobación de los proyectos. En esa línea, Cofide está participando del destrabe de los proyectos de inversión en infraestructura. A lo largo del año 2017, prevé inyectar unos US$ 700 millones a ese fin, de ellos US$ 200 millones para los proyectos que son prioridad para el gobierno y US$ 500 millones que involucran proyectos en los sectores de agua y saneamiento, salud y educación.

Por otro lado, el gobierno modificó la Ley de asociaciones público-privadas (APP) con el objetivo de destrabar y agilizar los procesos de APP paralizados, estableciéndose una mayor protección a los funcionarios públicos y fortaleciendo el papel de la agencia promotora de la inversión, Proinversión, a fin de asegurar la calidad de los proyectos, y ampliar su alcance regional y local.

En Uruguay

A fines de 2015 el gobierno uruguayo anunció que se invertirán US$ 12 000 millones en obras de infraestructura durante los próximos cinco años. El 66% de la inversión provendría de fondos públicos y el resto, de financiamiento de privados a través de concesiones, contratos PPA (Contrato de Compra-Venta de Energía) y contratos de Participación Público-Privada (PPP), en la cual la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) jugará un importante rol. En este marco, se firmó el primer contrato PPP en la historia del país para la construcción de una unidad penitenciaria por US$ 97 millones. De los US$ 12 000 millones se destinarán US$ 4 230 a inversiones en energía, US$ 2 360 a vialidad, US$1,870 a infraestructura social, US$1,320 a vivienda, US$750 a comunicaciones, US$ 550 a agua y saneamiento y US$ 360 a ferroviaria.