La Banca de Desarrollo debe trabajar en su creatividad para satisfacer las necesidades de financiamiento de proyectos y sectores, especialmente en el ámbito de la infraestructura. En este contexto, el fideicomiso puede desempeñar un rol clave por su enfoque que prioriza la estructura de activos del proyecto y sus condiciones de viabilidad económica.

Elaborado con base en el workshop «El fideicomiso, instrumento financiero para la inversión en proyectos de desarrollo», iniciativa del Grupo Técnico de Trabajo de ALIDE en materia de Fideicomisos en Banca de Desarrollo.

Los bancos de desarrollo deben, permanentemente, incorporar innovaciones y generar un modelo de negocios que les permita atender segmentos productivos donde el mercado tradicionalmente no llega. Esto no se refiere exclusivamente a los bancos comerciales y demás entidades de los sistemas financieros, sino también al mercado de capitales y otros actores del mercado de crédito.

Una asistencia financiera efectiva requiere de una estrategia multidimensional de abordaje, que integre demandas del sector productivo con oferta de soluciones del sector financiero. En ese sentido, los fideicomisos juegan un rol clave para mitigar la brecha de acceso y generar vasos comunicantes entre demanda y oferta de recursos.

La Banca de Desarrollo debe trabajar en su creatividad ante la necesidad o interés de financiar un proyecto/sector en particular. Resulta necesario, entonces, modernizar las prácticas del sector utilizando innovaciones financieras, mejorando la integración con el mercado de capitales, apalancando recursos y perfeccionando el manejo de riesgos. La figura del fideicomiso puede desempeñar un rol clave, ya sea que se trate de un proyecto de infraestructura, un proyecto productivo o uno de inclusión social.

A diferencia de lo que ocurre en las modalidades de financiación convencional de un proyecto productivo, los esquemas de project finance se concentran exclusivamente en la estructura de activos del proyecto y en sus condiciones de viabilidad económica. La ingeniería jurídica y financiera se define entonces en función de dos objetivos básicos: (a) optimizar la exposición de riesgos por parte de los financiadores, y (b) organizar una estructura de financiamiento consistente con las condiciones de viabilidad del negocio y los objetivos de la estrategia de asistencia.

El rol principal que debe cumplir es minimizar la exposición jurídico-financiera de los acreedores del proyecto, además de servir de base para una instrumentación adecuada, un manejo eficiente de los costos y una correcta administración de los riesgos implícitos. Así, el esquema legal-financiero debe, fundamentalmente, conformar una figura jurídica independiente que valide la afectación específica de patrimonio, generando condiciones adecuadas para recaudar los fondos necesarios para el proyecto; establecer las condiciones bajo las cuales el proyecto deberá comprometer su flujo de fondos proyectado al pago de las obligaciones financieras, según las condiciones previamente definidas, y formalizar, si es necesario, la implementación de estrategias de cobertura a partir de seguros, contratos adicionales y otros instrumentos financieros para minimizar el riesgo.

Las estructuras fiduciarias permiten minimizar riesgos de diversa índole, armar esquemas a la medida de las necesidades de financiamiento del negocio a financiar, y transformar una necesidad de financiamiento en una propuesta de inversión hacia potenciales fondeadores. Permite a los financiadores mejorar su exposición de riesgo al disminuir o eliminar (en ciertos casos): el riesgo legal derivado de la posibilidad de concurso o quiebra de la empresa financiada; el riesgo de default en función de la posibilidad de estructurar esquemas de garantías y formas de cobro específicas; el riesgo de evaluación a partir de la complejidad de evaluar las fuentes y usos de fondos provenientes de distintas unidades de negocio, y el riesgo derivado de la discrecionalidad del deudor en el manejo del flujo de fondos consolidado.

Su aplicación es a diversas tipologías de proyectos: proyectos estrictamente de inversión pública —infraestructura, vivienda social, troncales de gas, agua, alcantarillado, etc.—; proyectos de alto interés público que ofrecen condiciones de rentabilidad privada bajo determinadas pautas de diseño —infraestructura, energía, sectores vinculados a monopolios naturales, etc.—, e instrumentos mixtos de asistencia financiera a la actividad productiva privada.

Prevención en el mundo fiduciario

Las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con relación a los fideicomisos, establecen que los países deberán: (a) considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre los fideicomisos en poder de otras autoridades, personas y entidades financieras; (b) prestar rápida, constructiva y eficaz cooperación internacional respecto a la información contenida en el fideicomiso, incluyendo información sobre el beneficiario final; (c) considerar medidas para facilitar el acceso a la información sobre el beneficiario final y el control por las instituciones financieras; (d) asegurar que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre los fideicomisos expresos, incluyendo información sobre el fideicomitente, fiduciario y los beneficiarios, que las autoridades competentes puedan obtener o a la que puedan tener acceso oportunamente, y (e) asegurar que existan sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, ya sean penales, civiles o administrativas, por incumplimiento en conceder a las autoridades competentes, de manera oportuna, acceso a la información sobre el fideicomiso.

Los factores de riesgo que deben contemplarse para la realización de un fideicomiso son los siguientes: determinar los factores de riesgos de «lavado» de dinero; conocer bien el objetivo del fideicomiso; identificar los factores de riesgos o riesgos inherentes que podrían afectar; determinar la probabilidad de que el riesgo ocurra y un cálculo de los efectos potenciales, y reducir la probabilidad a través de controles clave.

Los riesgos inherentes de «lavado» de dinero en los fideicomisos lo constituyen los bienes cuyo valor no es razonable; la procedencia de los fondos de delitos subyacentes; manejo de efectivo; transferencias de fondos sin razón aparente; personas políticamente expuestas y personas que se encuentran incluidas en listas nacionales e internacionales; la información sobre el fin para el cual se va a constituir el fideicomiso no es razonable, y, en fin, actividades comerciales que no están claramente definidas en el contexto del fideicomiso.

Los mitigantes para reducir los riesgos de «lavado» de dinero obedecen a una clara definición de la procedencia de las riquezas que se han acreditado en el fideicomiso y una buena identificación del origen de los fondos que serán acreditados en el fideicomiso, regularmente. El beneficiario, o la tercera persona, debe estar claramente relacionado con el fideicomitente. Una definición clara del porqué del fideicomiso y las operaciones que se pretenden realizar en el mismo.

Los casos de Banobras y Cofide

Existen dos grandes vías para cerrar las brechas de inversión en infraestructura. La primera es el aumento de la productividad de los recursos destinados para infraestructura. La segunda es promover una mayor inversión privada y la compartición de riesgos entre el sector el público y el privado (APP).

Para ese efecto se ha creado el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), que es un vehículo exitoso para el desarrollo de infraestructura, mediante el cual se facilita la coordinación del Gobierno de México para el desarrollo de infraestructura, particularmente a través de las APP. Atiende los sectores de: comunicaciones, transporte, agua, medioambiente y turismo. Apoya en la planeación, diseño y construcción de proyectos de infraestructura con alto impacto social y menor rentabilidad económica, en los que participe el sector privado. Su patrimonio está formado por los derechos de explotación de las concesiones carreteras que le han sido otorgadas por el Gobierno Federal.

En febrero de 2008 se crea el Fonadin (fiduciario: Banobras, S.N.C.), que nace de la integración de dos fideicomisos de infraestructura: Fondo de Inversión en Infraestructura (Finfra): Financiamiento a Infraestructura con participación privada, y Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (Farac): Rescate de autopistas concesionadas a particulares.

El Fonadin es uno de los concesionarios más grandes del mundo, al integrar una red de más de 4 mil kilómetros de autopistas de cuota. Con los remanentes de las autopistas se otorgan apoyos para proyectos de infraestructura, los mismos que son recuperables: créditos subordinados, capital de

riesgo, garantías. Los sectores que atiende son: carreteras, transporte, energía y turismo, a través de fondos de Inversión de Infraestructura y Logística. Los apoyos que no son recuperables se realizan a través de subvenciones y aportaciones, dirigidos a los sectores de: carreteras, agua, medioambiente y transporte masivo. En entidades y gobiernos, financia estudios y proyectos.

Desde su creación, el Fonadin ha formalizado apoyos en diversos sectores. La mayor parte de ellos se han destinado a los sectores carretero, transporte masivo y fondos de inversión. Estos apoyos han permitido multiplicar la inversión a razón de más de cuatro veces.

En el nuevo modelo de operación participan tres actores principales: (a) el Fiduciario/Fonadin; (b) el Agente Administrador Supervisor (AAS), que gestiona y supervisa el cumplimiento de estándares del MRO; elabora el Programa Maestro de Desarrollo del Derecho de Vía; propone la estrategia en materia de seguridad vial y mejoras técnicas y apoya al fiduciario en la contratación del MRO, y (c) el Mantenedor-Rehabilitador-Operador (MRO), que es el operador de la autopista (O), operación de plazas de cobro, gestión de servicios, administración del derecho de vía, atención de emergencias operativas, implementación de sistemas ITS, conservación de la autopista (MR), mantenimiento mayor y reconstrucciones, mantenimiento menor, elaboración de estudios y proyectos ejecutivos, y restitución de la infraestructura por fenómenos naturales.

Por su parte, la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) de Perú se encuentra comprometida con el desarrollo sostenible e inclusivo del país, fomentando una cultura innovadora, socialmente responsable y de capital humano orientado a la excelencia en la gestión. Basa su estrategia en generar desarrollo a través de una gestión de Triple Resultado, buscando impactar positivamente en el ámbito económico, social y ambiental.

Las líneas de negocio de Cofide son: financiamiento de la infraestructura productiva, financiamiento de proyectos de inversión productiva, intermediación financiera (mype), fortalecimiento del mercado de capitales, servicios de agente fiduciario y programas de inclusión y emprendimientos.

Cofide utiliza los fideicomisos de asociaciones público privadas, que se constituyen en el vínculo contractual entre una entidad privada y una pública, basada en la confianza recíproca, con la finalidad de ejecutar obras de infraestructura y prestar servicios públicos con mayor eficiencia y calidad. Para ello emplea la figura del fideicomiso, que es una herramienta financiera utilizada para el cumplimiento de fines específicos de un proyecto, que incluye la administración transparente y eficiente de los recursos públicos y/o privados para la consecución del bienestar entre las partes del contrato.

El esquema de fideicomiso de APP utilizado por Cofide sigue estos pasos: constitución del patrimonio fideicometido, aportes en dinero o en especie, derechos de disposición de los créditos, devoluciones de impuestos, aportes del Gobierno y derechos al cobro de la explotación de la concesión.

Los fines de los fideicomisos APP son recibir los productos de la explotación de la concesión, defender el patrimonio fideicometido; recibir del fideicomitente, en dominio fiduciario, flujos dinerarios, e invertir los recursos del patrimonio fideicometido, en caso de aplicarse.