La inclusión agrícola en marcha


La inclusión financiera agrícola y rural impulsada por la Banca de Desarrollo viene concentrando esfuerzos en un abordaje integral de las necesidades de los productores, entendiendo que la asistencia técnica es un componente fundamental para asegurar el éxito en las colocaciones de crédito y la sostenibilidad de los proyectos.


Elaborado con base en el workshop «Inclusión e Integración Financiera en el Sector Agrícola y Rural», realizado durante la 48.ª Asamblea General.

El workshop se desarrolló en la modalidad de mesa redonda, dirigido moderada por Rafael Gamboa, director general de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)-Banco de México, quien incentivó una activa participación e intercambio de conocimientos.

Durante la reunión, los participantes discutieron en torno a experiencias de integración e inclusión financiera, barreras del acceso al financiamiento y desafíos del sector agrícola y rural, particularmente sobre el segmento del pequeño productor. Del mismo modo, identificaron temas de interés y promovieron la cooperación interinstitucional relacionada con la temática, en el marco de ALIDE.

Tendencia en el Agro

En la actualidad, el sector agrícola y rural enfrenta grandes desafíos, como la necesidad de incrementar la productividad para hacer frente al crecimiento poblacional y la mayor demanda de alimentos; la aplicación de políticas dirigidas a mejorar los niveles de bienestar de la población de bajos ingresos; la presencia de desastres naturales y del cambio climático, y la mayor integración a cadenas de valor.

A pesar de los esfuerzos que se realizan para que el crédito fluya hacia el sector, las fallas que afectan los mercados crediticios, en general, se acentúan en el medio rural por los altos costos de transacción, asociados a la dispersión geográfica y al pequeño tamaño de las unidades productivas típicas; mayores riesgos presentes en relación con otros sectores; mayores costos de información y de cumplimiento de contratos; mayores limitaciones en términos de colateral disponible y su ejecución; baja rentabilidad de la mayoría de las unidades productivas rurales, y bajos niveles de inversión pública en infraestructura rural.

En este contexto, el director Rafael Gamboa comentó acerca de los programas y acciones de las instituciones financieras orientadas a promover la inclusión e integración financiera; acciones que pueden incidir, por el lado de la demanda, con programas específicos o por el lado de la oferta, generando más presencia de servicios financieros. En el caso de los bancos de segundo piso, destacó el uso de manera más incisiva y eficiente de los recursos que tienen a su alcance, como, por ejemplo, la fuerza de ventas, su motivación para hacerla más efectiva, así como las metas que deben lograr.

Lo común es pensar la inclusión e integración financiera en términos de personas de bajos recursos sin acceso al crédito en el sistema financiero formal. Sin embargo, la inclusión e integración financiera tiene una connotación mucho más amplia: puede depender del género, de las perspectivas sectoriales, de los estratos, del tamaño de los negocios, de los tipos de productos o de la ubicación geográfica.

No es suficiente que las instituciones financieras implementen programas de inclusión e integración financiera, sino que lo fundamental es conocer de qué manera pueden asegurarse que realmente están consiguiendo su objetivo; de qué forma pueden hacerle darle seguimiento a lo que están haciendo; evaluar si están siendo efectivos en la labor de inclusión e integración financiera; y, en caso de que no lo estén siendo, explorar por qué y cuáles son las alternativas de mejora.

Uno de los instrumentos que ofrecen los bancos de desarrollo para facilitar el acceso al crédito a los pequeños productores, son los seguros y garantías agrícolas que previenen catástrofes naturales y riesgos climáticos. Estos instrumentos de cobertura de riesgo son vistos como algo valioso por los bancos y entidades microfinancieras. Con el seguro, las instituciones financieras tienen un incentivo a prestar a los pequeños agricultores; por otro lado, los agricultores, al verse beneficiados con indemnizaciones, pueden seguir siendo sujetos de crédito.

En Paraguay se tenía un problema de garantía, porque todos los préstamos debían tener garantía hipotecaria. Con el cambio en la normativa que rige las actividades del Banco Nacional de Fomento (BNF), eso se ha modificado autorizando al banco a dar créditos sin ese tipo de garantías, a fin de estimular el desarrollo económico y social del sector agropecuario que no podía acceder al crédito.

Por otra parte, existen fondos y programas que tienen como objetivo orientar a las entidades microfinancieras a que adquieran las capacidades para operar con éxito en el sector agrícola. La gestora de fondos de inclusión financiera Gawa Capital, junto con la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) y la Unión Europea, están implementando un fondo enfocado en invertir en instituciones agrícolas, que ya están prestando o tienen la intención de prestar a pequeños productores del sector, así como a dar asistencia técnica a estas entidades para que aprendan a gestionar a clientes agrícolas, crear nuevos productos y mejorar sus sistemas de gestión de riesgos.

A su vez, la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide) de Perú, enfocada en el desarrollo económico en la zona rural en la base de la pirámide con agricultores que tienen ¼ o ½ hectárea, está inmersa junto con KfW de Alemania en un programa muy parecido al de Gawa Capital, apoyando a las microfinancieras a entender el tema del crédito rural. Han empezado con la implementación de dos pilotos en la zona sur del Perú y están próximos a empezar otro en el norte, actuando en dos áreas: alfabetización financiera y desarrollo de capacidades productivas.

Las entidades microfinancieras se han especializado más en las zonas urbanas, periferia o semiperiferia urbana, con metodologías de crédito individual. Estas entidades están tratando de migrar su modelo al sector agrícola, pero pocas han tenido éxito porque el sector es muy especializado. Las que mejor desempeño tienen son las que ofrecen asistencia técnica. La CAF-Banco de Desarrollo de América Latina trabaja desde hace unos 20 años con microfinancieras con bastante éxito, proveyendo garantías. También implementó un programa de acceso a servicios financieros que tiene los siguientes componentes: gobierno corporativo, educación e inclusión financiera, regulación, apoyo a los entes de supervisión y de venture capital.

El microcrédito es una herramienta muy útil para facilitar al sector agroalimentario de pequeños productores el acceso a los canales financieros; pero, dado el monto y la forma como opera, quizás es muy limitado. Se requiere buscar organizaciones que puedan darles montos más grandes a aquellos que ya tienen historial crediticio. El desafío radica en que demandan un acompañamiento cercano.

Con respecto a la referencia del microcrédito, el Fondo de Financiamiento para el sector Agropecuario (Finagro), de Colombia, administra un fondo público de microfinanzas que permite la inclusión financiera no solo con entidades supervisadas, sino también llegar a los agricultores que no tienen acceso al crédito por carecer de una garantía. Por medio de este fondo otorgan créditos microfinancieros a estos productores a través de microfinancieras no supervisadas por la entidad reguladora, sino vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria, que se encarga de las cooperativas u otras entidades de las que hacen forman parte los productores agropecuarios. Dado que el seguimiento es un factor muy importante por la informalidad del segmento, se requiere acompañar con educación financiera y vincularlos a cadenas productivas.

Para ser viable, el crédito agrícola depende de diversas condiciones. El crédito solo, por más que se tenga la mejor tecnología, no es viable si no existe un mercado asegurado y asistencia técnica. Hay productores viables que no tienen acceso al crédito, pero sí se financian de los informales pagando una tasa de interés que es el doble o triple de lo que cobra el sistema financiero formal. Entonces, se debe pensar en cómo reducir el riesgo y la incertidumbre. Los agricultores no toman un crédito porque son adversos al riesgo y temen perder sus tierras si las hipotecan a una entidad financiera. Esto va más allá de la educación financiera. La cuestión es cómo el Estado y sus instituciones financieras pueden hacer que sus intervenciones reduzcan el riesgo y la incertidumbre que hay en la agricultura. Tendría que pensarse que cualquier institución que ofrezca crédito debería preocuparse no solo por una mejor tecnología, sino también en cómo crear un terreno más fértil para la intervención, ya sea articulando, cuidando que haya algún tipo de intervención complementaria que ayude a que estas condiciones sean mejores, y teniendo en consideración que cada caso y producto son específicos.

Aunque el enfoque no sea en los pequeños productores, es importante considerar que hay muchos proyectos públicos que tienen impacto en ellos, como lo es la habilitación de vías de acceso e infraestructura de comunicaciones. Hay muchas acciones que tienen impacto en el medio rural y que van a servir para darle mejor servicio al pequeño productor y hacer sus proyectos bancables.

En la gran mayoría de los países de América Latina y el Caribe el sector agrario está muy atomizado en pequeñas propiedades agrícolas que conviven con un sector agroexportador donde del que sobresalen unas pocas medianas y grandes empresas, que cuentan con mercados asegurados y venden a buenos precios. Un amplio sector de estos pequeños productores es el segmento objetivo de la Banca de Desarrollo, en el que persiste la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos. El enfoque para que el pequeño productor sea productivo y, en consecuencia, sujeto de crédito tiene varias aristas, como la educación financiera y la capacitación productiva; pero eso no es todo, también requiere de vincular los productos con los mercados y de infraestructura. Hay muchos componentes que forman un ecosistema que hace productivo a ese productor. Hay productores pequeños en Europa y Estados Unidos que son productivos, y eso se debe a los servicios de que disponen, algo que claramente falta en América Latina y el Caribe. La intervención en el sector agrícola debe ser integral y multisectorial.

El sector rural necesita que todos los apoyos posibles vayan de manera coordinada. Necesita de los apoyos de otros sectores, toda vez que existen grandes impedimentos para generar inclusión social en el sector rural, tales como brechas de infraestructura, comunicaciones, logística, tecnologías no de producción, sino de comunicación. El punto es cómo deben hacen los bancos de desarrollo para que estos clústeres de productores puedan ser parte de encadenamientos productivos.

Llegar al sector rural es de por sí poco atractivo para las instituciones financieras privadas por el alto costo que representa atenderlo. En este sentido, se requiere trabajar en diferentes flancos porque, si solamente se orientan al sector rural, muchas de ellas tienden a desencantarse, pues el fin último de ellas es generar utilidades. Por ello esa razón, a veces se genera un conflicto entre el deber hacer y el querer hacer. Instituciones especializadas en el sector rural, en muchos casos han fracasado. Debe ponerse un poco en contexto que cuando se habla de inclusión e integración financiera se tiene que hablar de crédito, porque es parte del motor, pero también de educación financiera para ver saber cómo usar el crédito y el ahorro.

Experiencias de financiamiento
En Perú, Cofide adaptó, hace doce años, con el apoyo de CAF y PNUD, un modelo de apoyo a pequeños productores agrícolas denominado Programa Inclusivo de Desarrollo Empresarial Rural (Prider). Lo que hicieron fue alfabetizar a la gente utilizando grupos de crédito y ahorro enfocados en agricultores que no calificaban para créditos. Así pues, los incentivaron a formar y autogestionar su grupo de forma que ahorraran, y con esos recursos se prestaban entre ellos mismos. A ello eso sumaron un componente de asistencia técnica permanente en el campo y articulación comercial. Esto ayudó mucho a mejorar su productividad en una o dos campañas y a tener mayores ingresos.

Normalmente se articula al intermediario y no al productor, cuando es a este último hacia donde los bancos deben enfocarse. Ello les da mayor capacidad de negociación con intermediarios, agroexportadores, logrando un mejor precio y, por tanto, mejores ingresos. Cuando un grupo de productores es empoderado, las instituciones financieras se interesan por insertarlos en el sistema financiero. Por otra parte, el sistema financiero va conociendo el negocio agrario.

El acompañamiento productivo que no está vinculado a lo financiero es muy costoso y, por lo tanto, limita el rango de acción de los bancos de desarrollo. FIRA subsidia una parte de la asistencia técnica con recursos públicos de manera temporal. La otra parte la pagan las empresas exportadoras agroindustriales que requieren materia prima de calidad, volumen y a tiempo. En un principio se subsidia el 100 % pero gradualmente se va reduciendo este porcentaje. Esto depende del cultivo. Sin embargo, lo más importante de todo es la capacitación. Empezaron hace dos años con cultivo intensivo bajo cubierta. La formación fue más importante que el propio crédito para los productores. Les dio amplios conocimientos y la valorizan por encima del propio crédito.

¿Cuánto de la asistencia técnica puede ser subvencionada? En el caso de Cofide se considera que el primer tramo debe ser subvencionado, y que recién debe cobrarse cuando aumenta la productividad del pequeño productor. En un segundo tramo, cuando los productos ya han logrado mejoras de productividad, están articulados al mercado, tienen acuerdos con agroexportadores y reciben precios mucho más altos, ya pueden y están dispuestas a pagar por la asistencia, porque ven que les genera valor y es una inversión.

Para el Banco de la Provincia de la Pampa lo más importante es la capacitación. El banco, con el Estado y las universidades en conjunto, se concentraron en un paquete de capacitación. Hay que hacer la salvedad de que en la provincia la propiedad más chica es de 200 hectáreas. El grueso de las unidades productivas es financiado por los exportadores y proveedores con un costo más alto, pero los productores no van al banco por muchos motivos, entre ellos la complejidad de los procesos para adquirir un préstamo. Es claro que la capacitación era muy importante en este caso.

Las instituciones financieras privadas consideran que capacitar a los productos es parte del rol de los bancos de desarrollo. A su criterio, estas instituciones deben fomentar los cultivos que sean más productivos, impartir conocimientos acerca de las condiciones nuevas, el uso eficiente de los recursos, el impacto del cambio climático o la adaptación a las tecnologías.

En la relación entre productor y agroexportador, si no hay un contrato establecido puede ocurrir cualquier contingencia con el mayor impacto negativo en el productor. Cuando las relaciones son rígidas y demandan una adaptación específica del productor al negocio del agroexportador, puede que un cambio en la naturaleza del negocio del agroexportador ya no requiera del productor, dejándolo expuesto tras haberse aceptado.

En El Salvador, el crecimiento del microcrédito en el rubro de granos básicos, se dio con personas que no tenían acceso al crédito por limitación regulatoria, ya que las entidades reguladoras medían la morosidad de la misma forma que se hacía con los bancos comerciales e hipotecarios, sin entender la naturaleza propia del segmento. En ese contexto se hizo una excepción para efectos de eventos naturales y se comenzaron a generar mecanismos de subsidio, al mismo tiempo comenzaron a brindar asistencia técnica para el mantenimiento de cultivos a pesar del riesgo social.

La banca comercial, en contextos inestables y complicados, deja de operar en dichos lugares porque, además, los reguladores así se lo exigen. En el caso de un banco de desarrollo, por su función de inclusión social esa posibilidad no puede darse, porque son los únicos que ofrecen otros servicios, además de crédito. Por ejemplo, el BFA realiza pagos de cosechas, otorga préstamos y pagos de remesas.

El BFA también acepta otro tipo de servicios. Entre estos, seguros de vida y de salud para los agricultores donde no hay una cultura de seguros. En el presente año les aprobaron la dación de seguros paramétricos, pero subsidiados, porque el agricultor no los puede pagar. Se trata de una prima de nueve dólares, parte de ella pagada por el banco. Todas estas son medidas que el banco hace para fortalecer al sector agrícola y rural. El 95 % de los créditos agropecuarios de granos básicos pasa por el banco, con más o menos 3 millones anuales de inversión financiera que no pasan por el ingreso pero que le dan rentabilidad social. Para lograrlo, El BFA pasó por un proceso de planificación estratégica, redefinición de objetivos estratégicos y fortalecimiento de los asesores para mejorar su incidencia en las zonas rurales.

La agricultura protegida es muy importante y debe ser tomada en cuenta por las instituciones multilaterales debido a que permite economizar recursos como el agua, la tierra, los fertilizantes, entre otros, lo que se traduce en evitar impactos al medio ambiente. Para implementar la agricultura protegida, el productor requiere de asistencia técnica y conocer de primera mano los procesos. En este ámbito, FIRA vincula con agroexportadores y empresas industriales que requieren materia prima, con pequeños productores para convertirlos en parte de estas importantes cadenas productivas. La labor en el sector es equilibrar lo que se cobra para poder contribuir a la inclusión financiera y cumplir con su rol social. Entonces, es factible utilizar esta vinculación con los agroexportadores.

El banco de desarrollo es fundamental para lograr la inclusión financiera, pero también hay que poner mucha atención a la relación público privada. Resulta fundamental que mucho del capital de los bancos, que es subsidiado, vaya a movilizar capital privado y no a canibalizar o sobrepasar a la parte privada. Los bancos de desarrollo permiten que el sector privado pueda llegar a lograr la escala. Por su parte, el sector privado tiene muchos recursos que, si se movilizan, permiten un mayor alcance e impacto. Para que ello eso suceda se precisa contar con los instrumentos o mecanismos que incentiven al sector privado a orientar recursos al sector agrícola.

La Banca de Desarrollo debe considerar el cambio climático como factor importante del proceso de globalización, apoyando a los clientes con el conocimiento que requieren mediante la instrumentación. Evidentemente hará falta un proceso intensivo de trabajo con los clientes. Hay que poner estos elementos en los procesos de toma de decisiones, más aun considerando que el sector agrícola es uno de los más afectados por el cambio climático.

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