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Finanzas para el Desarrollo

Una nueva agenda para el desarrollo

En la Reunión Ordinaria de la 46° Asamblea General de ALIDE, más de 200 ejecutivos vinculados con el respaldo económico del desarrollo disertaron acerca de las estrategias que deben considerarse en la región para lidiar con el contexto adverso de la economía mundial. Una de las principales alternativas que se discutió y recomendó fue la creación de una agenda de desarrollo sustentable de largo plazo, que permita garantizar el proceso de inclusión social y económica en la región. A continuación, los detalles más importantes de la asamblea.

Hasta hace unos tres años, en un contexto de mercados internacionales favorables, América Latina y el Caribe lograron avances importantes, principalmente en inclusión económica y social; construcción de reservas internacionales significativas; políticas macroeconómicas prudentes, y, de forma aún inicial, en inversión en infraestructura y en otros campos. Respecto a inclusión social, establecieron avances históricos con sustantivas mejoras de los ingresos de la población más pobre, la formación de una nueva clase media y el fortalecimiento de los mercados de consumo. Como consecuencia de lo anterior, nuestras sociedades buscan tener una mejor calidad de vida y de bienes públicos, sustentabilidad ambiental, mayor inclusión social y económica, y participación política. Todo ello frente a un panorama económico internacional menos favorable y con Estados que carecen de la agilidad y de los recursos para atender sus demandas.

La confluencia de un conjunto de factores ha transformado el entorno económico mundial, resaltando la caída de los precios de los commodities, la reducción del comercio global, las menores entradas de capital o la desaceleración de China, que al provoca un menor dinamismo de las economías latinoamericanas. No obstante, el impacto en cada uno de los países de la región depende de su exposición comercial externa y de factores internos. El problema de las economías de región es que muchas de sus fortalezas dependen en exceso de las exportaciones basadas en recursos naturales y, si la demanda y precio de sus productos se reducen, como sucede en la actualidad, se generan desequilibrios en la balanza de cuenta corriente. Más aún cuando el modelo crecimiento primario exportador poco diversificado tiene sus limitaciones.

Por otro lado, si los países de la región siguen con las mismas políticas sin adoptar medidas acordes al nuevo contexto, pueden provocar desequilibrios en las cuentas públicas. En ese sentido, los países más dependientes de la producción de materias primas son los más expuestos, económicamente, a la desaceleración de países como China, dada la caída cercana al 50% del precio de los metales y de la energía (petróleo, gas y carbón), y de los alimentos en 30% (entre 2011-2015); tendencia que se espera perdure en los próximos años. Solo en 2015 los precios de los productos energéticos cayeron alrededor de 24%; el de los metales, 21%, y el de los productos agrícolas, 10%.

Para que el desarrollo de América Latina y el Caribe llegue a tener convergencia con los países industrializados, la región debe crecer a tasas del 5% promedio anual y pasar de depender de un modelo basado en ventajas comparativas estáticas a uno basado en ventajas dinámicas. Asimismo, deberá contar con educación y mano de obra de calidad e impulsar el desarrollo tecnológico. Sin embargo, las limitantes para lograr esos niveles de crecimiento radican en los bajos niveles de ahorro (entre 18% y 20%) e inversión (20%, debiendo acercarse al 26%), a diferencia de Asia, con niveles de 40 y 35% de ahorro e inversión, respectivamente.

El desafío de América Latina y el Caribe radica en realizar los esfuerzos necesarios para mantener el proceso de inclusión económica y social. Para ello se recomendó construir una agenda de desarrollo sustentable de largo plazo que combine estabilidad macroeconómica, eficiencia económica, equilibrio ambiental e institucionalidad, desarrollo del mercado interno, ampliación de inversiones en redes de infraestructura, como lo hizo Europa con el Banco Europeo de Inversiones y Asia con el Banco de la Infraestructura, el cual cuenta con capital de US$ 100 mil millones; profundización de políticas para la educación y formación profesional, fortalecimiento de competitividad e innovación, diversificación productiva, aumento de exportaciones con valor agregado, e integración regional y ampliación del comercio exterior intrarregional, que llegó a representar el 12% del comercio total de la región, en el mejor de los casos.

Cada uno de los pilares referidos en el punto anterior requiere a su vez de agendas de políticas sólidas. Lo cierto es que, para todas ellas, es incuestionable la importancia del financiamiento a largo plazo. Al respecto, se estima que el sector público es la principal fuente de financiamiento del desarrollo sustentable en el mundo; así, el gobierno responde por 80% del financiamiento en educación; 62,5% en infraestructura y 27,5% en investigación y desarrollo. Parte importante de este esfuerzo es realizado por las instituciones financieras de desarrollo, las cuales son fruto de un largo proceso de construcción institucional, siempre orientado a responder a los desafíos del desarrollo de cada país. Estas entidades son esenciales para una agenda de desarrollo sustentable. Sus activos, balances, mirada de largo plazo, conocimiento técnico acumulado e instrumentos, reservan para las instituciones de financiamiento del desarrollo un papel esencial para proponer vías de recuperación del crecimiento basado en la inversión. Por lo tanto, se espera que estas entidades que cuentan con una cartera de crédito de US$ 970 mil millones, de los cuales cerca del  70% es de mediano y largo plazo, cumplan su misión de construir caminos para el desarrollo sustentable de la región.

Para financiar una agenda de desarrollo, en particular para la inversión en infraestructura, se requiere de capitales con los que los Estados y organismos de financiamiento regional, multilateral y agencias de cooperación no cuentan. Por ello, es necesario aliarse con el sector privado para movilizar capital y expertise técnico. Aquí, el reto para las instituciones financieras de desarrollo es fortalecer sus áreas de planificación y proveer los instrumentos de largo plazo para financiar y estructurar los proyectos. En este propósito y ante el panorama económico internacional que se avizora poco favorable, es de suma importancia su vinculación con los organismos de financiamiento regional y multilateral, para movilizar los recursos de largo plazo requeridos. Asimismo, deben actuar de manera activa, diseñar proyectos, conformar redes de conocimiento sin preocuparse demasiado en utilizar estructuras financieras muy sofisticadas, movilizar recursos de los mercados de capitales, crear instrumentos que sean más funcionales y puedan ser trasladados posteriormente al sector privado manteniendo impacto en el desarrollo, distribuir los riesgos entre los inversionistas y promover las inversiones en desarrollo sustentable de áreas como energías renovables, eficiencia energética, ciudades inteligentes, entre otras.

Para alcanzar el promedio mundial, América Latina y el Caribe precisaban aumentar las inversiones en infraestructura de 3,5 al 6,2% del PIB, entre 2012 y 2020. Esto significa unos US$ 320 billones, recursos que los Estados no tienen en cantidad suficiente. De ahí la importancia de movilizar el capital privado e impulsar los esquemas de asociación pública y privada, y otras fuentes de financiamiento como, por ejemplo, bonos para infraestructura. En ese caso, la nueva infraestructura debe tener una característica particular a fin de optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de vida de las personas: convergencia con los avances tecnológicos y naturaleza inteligente. Esto significa, por ejemplo, que en sí misma debe ser capaz de optimizar el uso de recursos como agua y energía, incorporar tecnologías para el tratamiento de residuos sólidos, facilitar la migración hacia el gobierno digital, proveer el comando y control de las operaciones de seguridad pública, utilizar sistemas y equipos para masificar el uso de energías limpias, entre otros. Lo anterior requiere de marcos regulatorios que aseguren la estabilidad económica y jurídica e induzcan procesos competitivos por parte del sector privado, alianzas entre las instituciones financieras de desarrollo y el sector privado, estructuras de financiamiento con plazos y tasas adecuadas al perfil de la demanda, estructura de garantías balanceada, proyectos bien elaborados, estandarización de los contratos y protección de los gobiernos de riesgos y contingencias posteriores. Este último aspecto es una debilidad de la región y una limitante para la financiación de los proyectos.

Con el objetivo de movilizar la financiación privada de proyectos de infraestructuras y medioambientales en Latinoamérica, se propuso crear un Fondo Público Multilateral de Deuda Subordinada, al estilo Transportation Infrastructure Finance and Innovation Actm (TIFIA) de EUA, que cuente con la participación de los países latinoamericanos y extrarregionales a través de sus bancos de desarrollo y que adjudique en los concursos públicos de los distintos proyectos en la región, un porcentaje de deuda subordinada para que sirva así de catalizador de la financiación privada de los proyectos, tanto con capital como con deuda senior. Cabe indicar que el TIFIA ofrece financiación subordinada (préstamos directos, garantías o líneas de crédito contingentes) otorgada por el gobierno de EUA a proyectos elegibles de un tamaño mínimo de US$ 50 millones. Este crédito está dirigido a proyectos con riesgo demanda, con una participación máxima del 33% de la inversión y subordinación a deuda senior en prelación y plazo —en situación de default es pari passu—, el plazo es de hasta 35 años con amplios periodos de gracia que mitigan el riesgo de rump-up (de exceso de demanda estimada), requiere rating grado de inversión para la deuda senior pero facilita la obtención de este, y cuenta con tasas de interés mucho menores, fijas y, sobre todo, subordinadas. Así, las ventajas del fondo son: estimula la inversión del capital privado en infraestructura, tanto de equity como de deuda senior, y cubre fallas de mercado en los tramos de financiación a largo plazo de proyectos con riesgo de demanda. También se sugirió utilizar la garantía reversa como la que ofrece el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones(MIGA), que a un banco público puede mejorarle la calificación crediticia en los mercados internacionales, reducir los costos de la financiación privada y el riesgo para el sector público.

Los bancos de desarrollo están comprometidos apoyando los distintos pilares de la agenda propuesta para retomar el desarrollo de la región. Por ejemplo, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), de México, con sus programas ecoambientales como EcoCasa —que estima para 2019 la construcción de 27 600 casas eficientes y la reducción de un millón de toneladas de CO2 en los cuarenta años de ciclo de vida estimado de las viviendas— busca transformar los estándares de construcción y propiciar un mercado de vivienda energéticamente eficiente. Para ello, complementa los incentivos financieros con la asistencia técnica a los desarrolladores. En Colombia, la Financiera del Desarrollo (Findeter) ofrece múltiples soluciones para transformar las regiones del país. En ese sentido, con el programa Agrópolis ha desarrollado centros rurales urbanos integrados y orientados al desarrollo de la innovación, investigación, producción y comercialización del agro en territorios inteligentes con sostenibilidad ambiental. Del mismo modo, la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), de Chile, ante la caída de la productividad total de los factores en sectores asociados a recursos naturales y el estancamiento de la diversificación exportadora, se orienta a promover las alianzas público-privadas para desarrollar una visión de selectividad estratégica y remover las barreras de la diversificación productiva. El objetivo es potenciar sectores con ventajas comparativas, impulsar la innovación de las Mipymes, mejorar los ecosistemas de innovación y emprendimiento, potenciar los mecanismos de financiamiento y fortalecer el capital humano. Para ello, Corfo impulsa programas de garantías para apoyar el financiamiento a empresas de todos los sectores económicos, el capital de riesgo para el emprendimiento y la innovación y programas sectoriales, entre ellos el de energía. En conjunto, en estos programas el saldo de cartera es de US$ 3,438 millones.

Los modelos de negocios y la vinculación de las empresas al mercado nacional e internacional están cambiando radicalmente, en un mundo cada vez más interconectado, donde el número de consumidores con conexiones a internet aumentó de 167 millones en 2005 a 2 710 millones en 2015, de los cuales más del 78% lo hizo mediante una conexión móvil. A pesar de ello, el e-comerce, que el último año fue de 994 mil millones y crece a una tasa de 15% en promedio anual, no está siendo aprovechado por la gran mayoría de Pymes. Este panorama no es propio solo de países de menor desarrollo, sino que también se presenta en economías desarrolladas. Al respecto, se hizo referencia a que en Canadá el 51% de las personas hacen compras online y el 47% de las empresas compra bienes y servicios por este medio; sin embargo, solo el 41% de Pymes tiene su website, y de ellas el 13% venden sus productos por internet. Como causas principales para no avanzar en esta dirección y utilizar este canal de venta para sus bienes y servicios, las Pymes señalan que no lo requieren para su negocio (61,9%), no saben utilizarlo (8,2%), problemas de seguridad y demasiado caro (1,8%). Considerando lo anterior, se espera trabajar en esta línea de apoyo a la adopción y uso de tecnologías de la información y comunicación con las Pymes para ampliar sus mercados y tener una mayor exposición al mundo, así como mejorar la calidad y competitividad de sus bienes y servicios es otro de los grandes retos para las instituciones financieras de desarrollo.

Un campo donde las instituciones financieras de desarrollo han sido pioneras, tanto en América Latina y el Caribe como en Europa, es en la lucha contra el cambio climático. En ese sentido se vislumbra que, en este ámbito, más aún a la luz del Acuerdo de París, se tendrían que movilizar mayores inversiones para proyectos de adaptación al cambio climático. En la actualidad el 45% de los bancos de desarrollo cuenta con algún programa, línea o iniciativa de financiamiento medioambiental, o tienen algún componente de inversión para estos propósitos en sus programas normales. Para solventar estas operaciones de financiamiento, las instituciones de desarrollo están ampliando sus fuentes de fondeo al mercado de capitales con la emisión de bonos verdes. Además, tienen la oportunidad de convertirse en actores de primer orden para canalizar recursos para inversiones en proyectos de adaptación y mitigación del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), entidades encargadas del funcionamiento del mecanismo financiero de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Las instituciones financieras de desarrollo juegan un rol clave como catalizadoras de proyectos económicamente viables, ambientalmente sustentables y socialmente justos. A su vez, los gobiernos en todo el mundo están fortaleciendo sus roles y funciones para la estabilización de los sistemas financieros, la modernización de las estructuras industriales, la innovación tecnológica, el desarrollo de mercados y el incentivo de financiamiento a largo plazo. Por consiguiente, aprovechan el conocimiento adquirido por las instituciones financieras de desarrollo como articuladoras de los inversores en proyectos estratégicos y facilitadores de la cooperación pública y privada, para la planeación a largo plazo. Todo ello, en un marco de eficiencia, gestión transparente y sostenibilidad en el largo plazo de estas instituciones y la implementación de prácticas de buen gobierno corporativo. Respecto a este último punto, se destacó que proporciona contrapesos y transparencia a las operaciones de las instituciones financieras de desarrollo; sin embargo, debe evitarse que su implementación conduzca a un exceso de sobrerregulación, que de por sí se considera que ya lo es, al tener que dar cuenta a diversas entidades del Estado. Situación que no ocurre con las entidades financieras privadas.

Los bancos de desarrollo están alineados con las políticas públicas para asesorar y orientar a los gobiernos ante las deficiencias del sector privado; actuar como identificadores de oportunidades de inversión, comercio, negocios y ser proveedores de bienes públicos, y, en el desarrollo de actividades nuevas y con proyección futura, crear instrumentos financieros y no financieros innovadores, debido a que muchas veces el problema no es la falta de capitales sino de instrumentos idóneos para captar y canalizar la inversión, la carencia de recurso humano capacitado y con un perfil adecuado para las necesidades de las empresas y del propio Estado, y una institucionalidad que haga posible que los instrumentos para la implementación de las políticas públicas no encuentren barreras que atenten contra su efectividad que, en consecuencia, limiten el desarrollo económico de los países. Y es que para lograr una mayor integración comercial de la región y de las cadenas globales de valor, se requiere de infraestructura física pero también económica e institucional, lo que facilitaría el acceso a recursos y la absorción de los mismos por parte de las economías nacionales.

 


 
 

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