XXXI REUNIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ALIDE

La regulación prudencial y la banca de fomento en la dinámica del ciclo económico

 

I.      Introducción

        La propia conceptualización de la banca de fomento conlleva una visión del desarrollo de largo plazo de las economías. Por lo tanto, resulta de interés explorar la interacción de diversos tópicos que relacionan la regulación bancaria, la actividad crediticia y el desarrollo económico con un horizonte temporal de largo plazo. En particular, debemos enmarcar este análisis en las peculiaridades cíclicas del crecimiento económico, así como en la evolución también cíclica del crédito bancario.

        La literatura económica es clara en cuanto a la vinculación entre los ciclos del crédito y los del nivel de actividad, estableciendo canales de comunicación que, evidentemente, hacen que los procesos funcionen con retroalimentación. En efecto, es típico que en períodos de auge el crédito otorgado por las instituciones financieras se incremente, lo que incentiva el gasto privado e impacta positivamente el nivel de producto. A la inversa, en los momentos de retracción económica el crédito se desacelera o contrae, afectando negativamente la demanda agregada y, por ende, coadyuvando a retroalimentar el proceso recesivo del nivel de actividad. Entre los trabajos pioneros en ese sentido, se encuentran los que desarrollan el canal crediticio de la política monetaria para explicar la vinculación cíclica entre crédito y nivel de actividad.

        Asimismo, por carriles separados, se fueron desarrollando los conceptos teóricos que dan sustento a la regulación prudencial plasmada en los acuerdos de Basilea de 1988. Aquí primó el análisis microeconómico de la empresa bancaria, el que permitió el desarrollo de modelos capaces de representar los problemas de daño moral y selección adversa que se generan debido a las asimetrías de información, propias de los mercados financieros en general y de crédito en particular.

        De este modo, la normativa prudencial, cuyo objetivo primordial es precisamente mitigar los afectos adversos de las asimetrías de información, se impuso a escala internacional, sin mayores consideraciones de los eventuales efectos macroeconómicos que de ella pudieran derivarse. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fue generalizando la idea de que dicha normativa, si bien estaba diseñada adecuadamente para incrementar la solvencia del sistema financiero, no contribuía a suavizar o, incluso, amplificaba el ciclo del crédito, con el consiguiente efecto negativo de incrementar la volatilidad del producto por ese medio. Estos aspectos macroeconómicos comienzan a ser abordados desde el punto de vista teórico a mediados de los noventa.

        Más recientemente, varios reguladores han optado por modificar ciertos aspectos de la normativa prudencial, con el fin de eliminar el sesgo procíclico que supuestamente se introduce en el desempeño del crédito. Los ejemplos más recientes que se detectan son los cambios en la normativa española y peruana que rigen desde principios de 2000. Asimismo, dada la situación de recesión que ha venido experimentando América Latina en los últimos años, en algunos foros regionales se viene bregando por suavizar las normas prudenciales con el objeto de mitigar ese efecto no deseado sobre el crédito, en el entendido que el mantenimiento de las normas dificulta la recuperación económica. En particular, el propio Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), José Antonio Ocampo, propuso un paquete de políticas anticíclicas para la región que suma medidas de este tipo a las tradicionales del campo macroeconómico, como la política cambiaria y el manejo de deuda pública.

        Permítanme entonces ordenar el resto de mi exposición con la siguiente lógica. En primer lugar, veremos un somero repaso de la justificación de la regulación prudencial y las medidas típicas en materia bancaria. En segundo lugar, discutiremos las posibilidades y la conveniencia de flexibilizar algunas de dichas medidas, así como las variadas formas en que tal flexibilización podría tener lugar. Finalmente, haremos algunos comentarios finales que refieren a la utilización flexible de la regulación bancaria con un énfasis en la problemática que caracteriza a la banca de fomento.

II. La regulación bancaria prudencial.

        En términos generales, la regulación financiera debe atender al adecuado balance entre dos objetivos básicos: (i) otorgar incentivos para el desarrollo de una industria financiera eficiente y competitiva y (ii) preservar la solvencia y la estabilidad del sistema. Ambos objetivos deben balancearse de manera adecuada, ya que suele suceder que las restricciones que se sugieren a efectos de mejorar la seguridad del sistema afectan, por su parte, el grado de competencia entre las empresas participantes del mercado y entre éstas y potenciales entrantes.

        La regulación bancaria, y por lo tanto, la búsqueda de una mayor eficiencia del sistema, así como una mayor protección a los depositantes y la garantía de la estabilidad del sector y del mecanismo de pagos, ha estado tradicionalmente en la órbita del sector público. Quienes enfatizan el rol de la regulación financiera con el motivo de proteger a los pequeños depositantes, destacan que los intermediarios financieros están, en general, sujetos a los típicos problemas de riesgo moral y selección adversa. Por lo tanto, los inversores deberían desarrollar actividades de monitoreo, auditoría, intervención, etc. Estas funciones son complejas y costosas, por lo que su desarrollo puede considerarse un monopolio natural (en el sentido que su duplicación por parte de varios agentes es técnicamente inconveniente). La deuda bancaria, por su parte, corresponde básicamente a pequeños depositantes, los cuales pueden considerarse relativamente no sofisticados. Además existe un problema de falta de coordinación de acción colectiva: cada depositante individualmente no tiene el incentivo de desarrollar esas tareas de monitoreo, por el costo en que debe incurrir. Estos autores proponen entonces la hipótesis de representación de los pequeños depositantes por parte de agentes reguladores, de forma que éstos actúen en forma sofisticada y coordinada.

        Si bien esta hipótesis es parte central en la justificación de la regulación financiera, no es la única relevante. Tal como se planteó previamente, la necesidad de preservar el mecanismo de pagos es también un elemento clave. La actividad de transformación de activos de los intermediarios financieros conlleva el riesgo de corridas bancarias. Incluso, el hecho de que una sola institución presente problemas puede generar un pánico en el sistema que haga que muchos bancos deban liquidar activos. La liquidación masiva reduce el valor de los mismos, reforzando la necesidad de la liquidación. Evitar estos pánicos bancarios ha sido una razón para la regulación financiera. El mantenimiento de un sistema financiero saludable es relevante a efectos de la óptima asignación doméstica de los recursos, pero adquiere una importancia aún mayor cuando el país se caracteriza por constituir una plaza financiera. Por lo tanto, a las razones tradicionales que justifican la regulación debe adicionarse el efecto reputación asociado a presentar problemas en el sistema en un marco de centro financiero regional o internacional.

        Por lo tanto, una de las principales justificaciones de la normativa prudencial reside en los incentivos de las instituciones a no asegurarse en el largo plazo, dado que no internalizan los efectos negativos de la quiebra bancaria sobre el sistema de pagos y que priman las relaciones de agencia con aquellos que toman decisiones en la entidad. Con respecto al primer factor, existe una diferencia sustancial entre la función de utilidad de un banco y la del regulador, asociada al impacto de las crisis bancarias y la responsabilidad limitada de las instituciones, promoviendo el daño moral en su actividad de toma de riesgos. Con relación al segundo aspecto, los gerentes bancarios suelen operar con un horizonte temporal relativamente corto, dado que se ven en la necesidad de mostrar resultados satisfactorios de manera sistemática (y no sólo en el largo plazo). Esto también induce comportamientos riesgosos desde una perspectiva de la sociedad. Por estos motivos, el regulador, al representar los intereses de la sociedad y en particular de los pequeños depositantes desinformados, obliga a las entidades a conformar fondos de seguridad, tanto para pérdidas esperadas (previsiones por incobrabilidad) como no esperadas (responsabilidad patrimonial, seguros de depósitos, etc.). A efectos de mitigar el riesgo moral, la literatura económica sugiere que los aportes a tales fondos se determinen en función de los riesgos asumidos por cada institución.

        La regulación prudencial se basa en reglas vinculadas a los niveles de capitalización y de previsionamiento para cubrir pérdidas por incumplimiento. Debe destacarse que los requerimientos patrimoniales suelen hacerse en función de un ranking de riesgo ligado al tipo de activo. Algunos activos (como por ejemplo el crédito al sector privado) se consideran intrínsecamente más riesgosos que otros (como ser los bonos gubernamentales). El requisito de adecuación patrimonial depende de la naturaleza institucional del prestatario. Por lo tanto, tales exigencias de capital no se ajustan directamente a las variaciones del riesgo asociado a cada tipo de activos en el tiempo ni a las correlaciones posibles entre los riesgos de cada tipo. El capital requerido varía básicamente por motivo del cambio en la composición óptima del portafolio de la entidad, pero no por las variaciones en la calidad crediticia subyacente. Por su parte, las previsiones por incobrabilidad cambian con el ciclo económico, dado que las pérdidas esperadas varían con la percepción del riesgo y la valuación de las garantías.

        Los principales pilares sobre los que se basa el esquema de regulación prudencial, incluyen las medidas que se refieren a los requerimientos patrimoniales. La normativa vigente en materia de exigencia de patrimonio mínimo de las instituciones financieras está basada en los principios y normas básicas establecidas por el Acuerdo de Capitales del Comité de Basilea. Esta normativa exige tanto que las instituciones mantengan una Responsabilidad Patrimonial Neta Mínima, así como que la misma no sea inferior a un cierto porcentaje de los activos y contingencias ponderados de acuerdo al riesgo, que Basilea ubica en un 8%. Cabe hacer notar que en muchos países (en particular, en América Latina), el requerimiento mínimo de capital es superior al sugerido por el Comité de Basilea. Asimismo, desarrollos posteriores al Acuerdo de Capital original han llevado a que Basilea promueva un Nuevo Acuerdo de Capital, en el que se incorporen aspectos específicos sobre riesgos inherentes a la naturaleza de la actividad financiera, tales como el riesgo de mercado. En particular, el énfasis del nuevo marco está en sumar a los objetivos de mantener la solidez del sistema financiero y de promover condiciones competitivas en el mismo, el desarrollo de un enfoque más comprehensivo para determinar, medir y evaluar los riesgos asociados a las actividades en cuestión.

        A esta altura, me gustaría compartir algunas reflexiones de William McDonough, Presidente de la Reserva Federal de New York, que entendemos apropiadas para la nueva visión de la supervisión. A su vez, las consideramos apropiadas para un enfoque integral de la relación entre la supervisión y el funcionamiento de la banca de desarrollo.

        Para promover la estabilidad de los sistemas financieros, los supervisores deben orientar su actividad para que los bancos manejen correctamente sus riesgos, lo que asegura límites a la vulnerabilidad de las organizaciones. Este es un deber de prevención. La buena conducción, con la dirección y los gerentes, y un robusto sistema de manejo del riesgo son la primera línea de defensa contra la inestabilidad financiera.

        La segunda responsabilidad es la de la acción, cuando los problemas ocurren, los bancos y otras instituciones deben continuar sirviendo como intermediarios de crédito y la supervisión puede contener que un fenómeno no se extienda o amplifique a todo el sistema financiero.

        El rol de los reguladores no es limitar las oportunidades de crecimiento o ganancia de los bancos. Es ayudar a mejorar continuamente las habilidades para manejar sus negocios y sus riesgos.

        Con relación al manejo del riesgo, podemos afirmar que la supervisión debe ser adaptable. La industria bancaria es muy competitiva y constantemente se identifican nuevos mercados, nuevos productos y nuevas formas de los negocios. Esto hace que el supervisor tenga una estructura de regulación permanentemente actualizada.

        A su vez, la supervisión debe ser flexible. Una regulación no es igual para un banco multinacional que para un banco pequeño o para un banco hipotecario. Hay que diseñar un plan apropiado para cada banco.

        Un pilar de la nueva estructura de adecuación del capital es la disciplina del mercado, que constituye un buen aliado de la supervisión y crea fuertes incentivos para que los bancos manejen sus riesgos correctamente.

        Los participantes del mercado incluyen inversores, demandantes de crédito y otros operadores, los que pueden premiar sólidos gerenciamientos o castigar los débiles, a través de la valoración del patrimonio del banco, su deuda y su acceso al crédito.

        Esta disciplina no es posible sin una apertura al público de la información y de las condiciones financieras de la institución. No hay peor enemigo que la falta de confianza y ésta se erosiona con la falta de información confiable.

        La mejor información, la transparencia, es la que aumenta la confianza de depositantes, inversores y acreedores y contribuye a la estabilidad de las instituciones.

        En estos temas se han realizado importantes progresos. La transparencia promueve confianza, y más aún, teniendo en cuenta la creciente naturaleza internacional de los mercados. Esto, no hay duda, requiere armonizaciones adicionales a nivel de códigos de conducta, standard de contabilidad e información para mejor comprensión y manejo de la exposición de los mercados.

        Cumple un rol muy importante la existencia de auditores externos, quienes se expiden acerca de la adecuación de los estados contables a la regulación, la situación de los riesgos crediticios y la cuantificación de previsiones, la evaluación del control interno, entre otros aspectos.

        Es sabido que el hecho de que las instituciones presenten descalces importantes en materia de plazos entre activos y pasivos, genera el potencial tanto para el riesgo de tasa de interés como para el riesgo de liquidez. Las medidas referidas a las políticas de liquidez son variadas y se asocian a la responsabilidad específica de los reguladores en su rol de prestamistas de última instancia del sistema. A la vez que algunos países basan las mismas en la normativa sobre encajes mínimos, otros han desarrollado mecanismos de seguros de liquidez, en algunos casos incorporando la participación del sector privado y de bancos internacionales. Por su parte, con relación al riesgo de tasa interés, se intentan incorporar consideraciones al respecto en el nuevo enfoque de Basilea sobre los requerimientos patrimoniales, el cual también incluye una visión más integral de los sistemas de gestión de riesgos y control interno de las entidades de intermediación financiera.

III. La regulación prudencial en un contexto cíclico.

        Una vez visto un panorama general de la normativa prudencial predominante en la mayoría de los países, en particular los de América Latina, estamos en condiciones de comenzar a evaluar la posible flexibilización de algunas medidas prudenciales, sobre la base que el objetivo de la misma consiste en contribuir a una suavización del ciclo de los negocios, en un marco de desarrollo económico sostenido.

        Cabe definir, entonces, cuáles son las medidas pasibles de ser consideradas en esta flexibilización y, dentro de ese subgrupo, cuáles son las idóneas para la obtención de objetivo buscado. En tal sentido, debemos concentrarnos en los principales elementos que los bancos toman en consideración para determinar el nivel de crédito, entre los que se destacan los requerimientos de la normativa prudencial, tanto en materia de capital como de previsiones por incobrabilidad. Asimismo, debemos explorar cómo afectan las normas prudenciales a la prociclicidad del crédito y qué elementos deben tenerse en cuenta en su diseño, a efectos de mitigarla.

        Trabajos desarrollados en nuestro Banco Central sugieren, basados en una literatura incipiente sobre el tema, que la regulación prudencial no exacerba en general el ciclo crediticio, dado que en ausencia de la misma, la volatilidad del crédito tendería a ser aún mayor. Con las medidas de solvencia, el regulador obligaría a los intermediarios financieros a internalizar, aunque sea de manera parcial, las externalidades negativas derivadas de la quiebra bancaria, estimulando la conformación de fondos para cubrir pérdidas esperadas y no esperadas.

        A efectos de tener una mejor comprensión de los mercados financieros, es necesario tomar en consideración que los niveles de crédito están influidos por los incentivos gerenciales y regulatorios involucrados en la actividad bancaria. El crédito es naturalmente procíclico cuando los banqueros basan sus decisiones en la percepción del riesgo asociado a cada coyuntura económica y en su aversión al riesgo, aún sin la existencia de normas prudenciales. Este comportamiento refiere a que los bancos suelen evaluar sus riesgos de crédito influidos por el ciclo, esto es que en los años de bonanza consideran bajos riesgos mientras que en los años malos los incrementan. Esta tendencia se asocia a que efectivamente la mayoría de las medidas usuales de riesgo y de los modelos cuantitativos de riesgo de crédito son consistentes con la percepción de que el riesgo se reduce en períodos de auge y se incrementa en las fases recesivas. La evidencia asociada a los resultados de los modelos de calificación internos de las entidades financieras reafirma la existencia de prociclicidad en la evaluación de los riesgos. Cabe hacer notar que esta visión acerca de la percepción del riesgo determinada por el point-in-time focus es consistente con dos perspectivas subyacentes alternativas. La primera refiere a que efectivamente el riesgo crediticio crece en las fases recesivas y disminuye en las de auge económico. La segunda sugiere que el riesgo crece efectivamente en los booms y se materializa en un mayor número de incumplimientos durante las recesiones.

        Las normas prudenciales podrían diseñarse de forma de contribuir a mitigar la prociclicidad del crédito y por lo tanto, a suavizar el ciclo económico. En la medida en que se desee suavizar la evolución del crédito, la solución de primer óptimo consistiría en adecuar las tasas de previsión según la fase del ciclo en que se esté operando, de forma que se compense el efecto procíclico de las decisiones de los intermediarios financieros. Obviamente, este resultado no es pasible de ser obtenido, dado que implicaría conocer de manera sistemática en qué punto del ciclo se encuentra la economía y tener una adecuada medida del impacto del sesgo procíclico de tales decisiones, lo cual no es observable. Una solución de segundo óptimo (aunque implementable) consistiría en determinar las previsiones corrientes en función del riesgo de incumplimiento de largo plazo (o ajustado por el ciclo), dando soporte conceptual a algunas prácticas regulatorias que se están comenzando a diseñar y a aplicar. Las normas de previsión diseñadas sobre la base de incobrabilidades promedio parecen ser, entonces, más eficientes que las diseñadas sobre la base de los riesgos corrientes. Este aspecto hace que la normativa no genere incentivos para amplificar la prociclicidad del crédito, sin menoscabo de la función propia de la norma que es mitigar el daño moral en cuanto a la toma de riesgos.

        Se destaca, asimismo, que las medidas prudenciales para mitigar la prociclicidad del crédito deberían concentrarse, entonces, en la conformación de las previsiones por incobrabilidad y no en los requerimientos de responsabilidad patrimonial. Tal como suelen estar diseñados siguiendo los criterios predominantes vinculados al Acuerdo de Basilea, estos últimos no operan necesariamente de manera procíclica, en la medida en que las instituciones adecuan su portafolio según la fase del ciclo en cuestión.

        Esta forma de ver la posible flexibilización de la normativa prudencial en aras de lograr objetivos de fomento a la actividad económica se relaciona con la visión acerca de las formas que puede adoptar dicha flexibilización. Permítanme, entonces, reformular el problema diciendo que es preferible diseñar una normativa flexible (es decir, que incorpore las consideraciones cíclicas en el propio desarrollo de la norma) que flexibilizar a través de la modificación no sistemática la normativa. Este aspecto es relevante en la medida en que un hecho estilizado que describe la literatura económica refiere a la tendencia de los reguladores a comportarse de manera indulgente en las fases recesivas del ciclo de los negocios. Dicho de otra manera, la flexibilización debe ser parte de las reglas de juego y no una secuencia de cambios de las mismas, con la consiguiente incertidumbre que afecta negativamente la actividad financiera.

        Por lo tanto, no parece aconsejable estar modificando permanentemente las condiciones de capitalización y previsión, sobre todo cuando ello significa reducirlas en los períodos recesivos. Si bien este tipo de modificación puede atemperar el ciclo, también puede desvirtuar el fin último de las mismas, en el sentido de relajar demasiado las normas a tal punto de no mitigar adecuadamente el riesgo moral, lo que puede conducir a resultados indeseados en materia de solvencia financiera.

IV. Las peculiaridades de la banca de fomento.

        La lógica que ha guiado el razonamiento precedente es de recibo para la actividad bancaria en general, por lo que también es aplicable al caso específico de la banca de fomento. Incluso, la necesidad de diseñar mecanismos flexibles que tengan en consideración las características del ciclo de los negocios adquiere particular relevancia en estas instituciones en las justamente se involucra la preocupación por el desarrollo económico en el largo plazo. La posibilidad de suavizar el costo directo de la normativa prudencial en un horizonte considerablemente largo contribuye a generar estabilidad en parámetros de decisión relevante, coadyuvando, entonces, a un proceso de toma de decisiones más eficiente en materia crediticia en general y de toma de riesgos en particular.

        Por otra parte, la banca de fomento implica usualmente algunas peculiaridades en cuanto a la estructura de activos y pasivos que la caracteriza. En particular, las instituciones que operan como financiadores de proyectos de desarrollo suelen presentar descalces importantes en materia de plazos y monedas, sobre todo cuando la captación de fondos típica se hace con un horizonte temporal de corto plazo y se denomina en moneda local.

        En efecto, en muchos casos -incluyendo muchos países de América Latina- la estructura de pasivos de las entidades de intermediación financiera se caracteriza por concentrar sus vencimientos en un plazo relativamente corto, dado el peso relevante que tienen los depósitos del sector privado en las fuentes de financiamiento y en ausencia de fuentes masivas de recursos de largo plazo. El hecho de que los préstamos de desarrollo involucren horizontes temporales más largos lleva a que se manifieste un importante descalce en materia de plazos en las instituciones de fomento.

        Como se manifestó anteriormente, este mismatch temporal trae aparejado el potencial para el riesgo de liquidez y el riesgo de tasa de interés. Las tendencias regulatorias actuales toman particularmente en consideración este último, sugiriendo la incorporación específica de la valoración de los riesgos de mercado (de los cuales el asociado a la tasa de interés es un caso concreto) a los requerimientos patrimoniales de las instituciones de intermediación financiera. En particular, esta constituiría una de las incorporaciones establecidas en el Nuevo Acuerdo de Capital de Basilea.

        Por su parte, también se ha desarrollado una gama muy interesante de mecanismos referidos a las políticas de liquidez, en las cuales las políticas de encajes mínimos se complementan con otros instrumentos de seguros de liquidez. Uno de los elementos relativamente novedosos refiere al intento de involucrar al sector privado en la prevención y resolución de crisis de liquidez, haciéndolo participar en estos mecanismos de seguro conjuntamente con las instituciones públicas que se vinculan con la regulación bancaria y que tienen la responsabilidad de ser prestamistas de última instancia del sistema.

        Decíamos que, además del descalce de plazos de activos y pasivos de las entidades de fomento, era probable que también se manifestara un mismatch en materia de monedas de denominación de fuentes de financiamiento y colocaciones. Por ejemplo, en países con largas tradiciones inflacionarias o de desorden macroeconómico, es probable que el financiamiento de largo plazo no se contrate en moneda local, sino en monedas fuertes como el dólar estadounidense. Esto sucede con mayor virulencia en países con escaso desarrollo de los mercados financieros, en donde aún están ausentes mecanismos de indexación que favorezcan el retorno de los contratos de largo plazo a la moneda doméstica. También puede darse el caso en que, dado que muchas entidades de fomento forman parte del aparato estatal, se determine una política explícita de desarrollar mecanismos de financiamiento en moneda local para la promoción de proyectos de desarrollo.

        El descalce de monedas tiende a hacerse presente de diversas maneras, entre las que destacaremos aquellas que consideramos más importantes. La primera refiere a que la captación de fondos por parte de las entidades de fomento se haga esencialmente en moneda extranjera, mientras el crédito se otorga en moneda local. Obviamente, el riesgo cambiario se hace explícito en los estados contables de la institución financiera, para lo cual ya se ha mencionado que la regulación prudencial provee de mecanismos de fijación de topes a la posición neta por monedas. Una segunda modalidad consiste en que tanto los pasivos como las colocaciones se denominen en moneda extranjera, pero que quienes presenten el problema del descalce sean los propios deudores de la entidad de fomento. De esta manera, el riesgo cambiario no queda de manifiesto en los estados contables de las instituciones financieras, pero debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar el riesgo crediticio de la misma. La incorporación explícita de este aspecto a la evaluación de la calidad de los créditos pasa a ser un proceso relevante en el esquema de regulación prudencial, ya que es parte de una más certera calificación del riesgo asociado a la cartera de los intermediarios financieros.

        En síntesis, parece clara la conveniencia de diseñar y adoptar una normativa prudencial flexible, es decir, incorporando las características cíclicas del proceso económico, con un especial énfasis, en el caso de las entidades de fomento, en la necesidad de una correcta implementación de medidas que apunten a controlar eficientemente los riesgos vinculados a los descalces de plazos y de moneda que las caracterizan.

        A su vez es necesario en esa normativa tener en cuenta la modadlidad, el tamaño y las características de los distintos tipos de bancos; en particular la peculiaridad de los bancos de desarrollo.

        Junto con una regulación bancaria flexible, adaptable, preventiva y de acción deben continuar en paralelo las mejoras de gestión de riesgos, la transparencia, el control interno y externo y oir las voces del mercado.

        Sin perder de vista los objetivos para los que fueron creados, los bancos de desarrollo deben a nuestro entender seguir estos caminos que nos conducen a una gestión eficiente, de calidad, que se derrame con equidad en la sociedad.