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Cambios estructurales

La banca de desarollo latinoamericana en permanente cambio


A pesar de la mayor importancia que ha experimentado en lo s últimos años, la banca de desarrollo está adapatando permanentemente sus procesos operativos a las necesidades de los sectores productivo y social de los países. Conozcamos qué hacen algunos bancos de desarrollo en América Latina y el Caribe para movilizar el financiamiento.


En el Altiplano
En Bolivia se anunció que el Banco de Desarrollo Productivo (BDP), de segundo piso, comenzaría a operar como banco de primer piso a partir del 21 de noviembre de 2013, luego que se aprueben los reglamentos de la Ley de Servicios Financieros No.393, promulgada el 21 de agosto de ese año. El cambio obedece a que los créditos del BDP al sector productivo vía los bancos comerciales, encarecía el costo del dinero, y porque estos utilizaban preferentemente sus recursos en la colocación de cartera antes que los del BDP.

Ahora, evalúa de manera directa los emprendimientos productivos para dar créditos. El la ley se señala que el BDP puede obtener recursos financieros a través de préstamos, líneas de crédito, bonos, pagarés, obligaciones subordinadas, certificados fiduciarios, avales o fianzas, subsidios o donaciones bajo cualquier modalidad o forma de contrato. Así como intermediar y canalizar recursos financieros propios o de terceros, directamente o a través de otras entidades financieras reguladas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

También, podrá administrar los recursos de pensiones que ascienden a US$7.000 millones, y captar ahorros del público.

Además, se le amplían las operaciones para promoción del desarrollo del sector productivo agrícola, ganadero, manufacturero, piscícola y forestal maderable y no maderable, así como a otros sectores productivos, comercio y servicios complementarios a la actividad productiva de Bolivia.

Para cumplir con sus nuevas funciones el Banco Central de Bolivia confirmó un financiamiento extraordinario de US$1.200 millones al BDP, donde el 50%, es a título no reembolsable y saldo a crédito. Los recursos provieen las reservas internacionales del país.

Como ente de segundo piso podrá conceder y mantener créditos e inversiones en una entidad financiera hasta dos veces el patrimonio neto de la entidad deudora o hasta una vez el patrimonio neto, el monto que resulte menor, cualquiera sea la modalidad del activo de riesgo.

En cuanto a su control y supervisión, si bien el BDP se rige por su propia ley en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y organización; se somete a la nueva ley en lo relacionado con la aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera y al control y supervisión de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Financiamiento brasilero
En Brasil el gobierno decidió a inicios de 2012 capitalizar al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y a la Caja Económica Federal (CEF) con la transferencia de acciones de las compañías estatales Petrobras y Electrobras.

El BNDES recibió R$ 6,400 millones (US$ 2,800 millones) con la transferencia de hasta 223,6 millones de acciones ordinarias de Petrobras. La Caja recibió R$ 2,200 millones (US$ 940 millones) con el traspaso de hasta 71,6 millones de acciones de Petrobras y 13,6 millones de acciones de Electrobras. Con ello se buscaba potenciar la capacidad de ambas entidades para aumentar el financiamiento a la economía nacional.

Por otra parte, la Asociación Brasileña de Bancos de Desarrollo (ABDE) presentó una propuesta de cambios favorables para los bancos de desarrollo, llamada Carta ABDE, cuyo objetivo es poner en manos del gobierno federal y estadual, una agenda que contemple la mejora de procesos y de normas que afectan directamente al Sistema Nacional de Fomento (SNF) y promueva el desarrollo, en todas sus esferas (económica, social y ambiental).

Conforme a la ABDE se ha identificado la necesidad de cambios en seis aspectos principales para que el SNF sea fortalecido, y así mejorar su eficiencia y efectividad. Ellos son los siguientes:

  • Movilización de las IFD en una política nacional de desarrollo: la consolidación del SNF debe tener como norte una política de desarrollo que ofrezca los lineamientos a ser seguidos por el Gobierno Federal, y que contemple sus distintos impactos en las regiones específicas del país. Asímismo, debe establecerse definiciones claras para la integración entre las políticas de carácter regional y nacional.
  • Articulación e interlocución: que las instituciones que componen el SNF actúen de forma coordinada, según los objetivos trazados en el marco de una estrategia de desarrollo nacional y en sintonía con las políticas de nivel estadual.
  • Fondeo: es necesario garantizar fuentes de recursos compatibles con la política nacional de desarrollo y definir una articulación institucional que permita su aplicación de manera eficiente y descentralizada, desde el punto de vista económico, social y ambiental. En línea con esta perspectiva, se señala como temas relevantes a evaluar: (1) alternativas de capitalización y de fondeo adecuadas a las necesidades del desarrollo, (2) criterios diferenciados para la concesión de límites de crédito para las entidades cn cartera de fomento; (3) acceso para las entidades con cartera de desarrollo a los fondos constitucionales y de desarrollo regional; (4) bonos por desempeño para la capitalización de las IFD; (5) política de retención, parcial o integral, conforme el caso, de los resultados –dividendos o interés sobre capital– para que las IFD tengan mayor capacidad de generación de recursos para operaciones de crédito; y, (6) acceso de las IFD subnacionales a los recursos ya existentes, para el financiamiento a la innovación.
  • Adecuación del marco regulatorio: en línea con los principios internacionales, la supervisión bancaria debe desarrollar y mantener una evaluación prospectiva del perfil de riesgo de los bancos y grupos bancarios, proporcional a su importancia sistémica. En ese sentido, se señala poner atención a: (1) la interlocución permanente con el regulador y la ABDE para evaluar la revisión del marco regulatorio de las IFD, reconociéndose su naturaleza diferenciada; (2) creación de un foro de discusión para readecuar las exigencias de las auditorías a las IFD, y así dar celeridad al análisis de crédito; (3) racionalización de los procedimientos de fiscalización para eliminar la superposición de exigencias formales que origina altos costos e ineficiencia a las IFD; (4) creación de grupos de discusión para debatir posibilidades de revisión de exigencias burocráticas.
  • Perfeccionamiento del sistema de garantías: reconocer que las exigencias de garantías reales son una gran limitante para la aprobación de muchas operaciones de crédito. Se señala como tópicos relevantes: la mejora del marco legal de los sistemas de garantías, considerando las particularidades del financiamiento a las mypes y la innovación; y la facilitación de acceso de las IFD a sistemas y fondos de garantías de crédito.
  • Tributación: para que la actividad de fomento sea más efectiva debe contarse con un tratamiento tributario diferenciado, que fortalezca su potencial de generar externalidades para la economía.

Reforma ecuatoriana
En Ecuador también está en marcha la reforma de la banca de desarrollo, que tiene como lineamientos de gestión: (1) balancear especialización con economías de escala y evitar duplicaciones entre instituciones; (2) lograr sostenibilidad financiera mediante aplicación de tasas promedio positivas, que permitan capitalizar a las instituciones, cubrir gastos operativos y pagar mayores tasas pasivas; (3) separar la actividad bancaria de concesión de subsidios, a través de la constitución de fondos administrados por los bancos pero independientes de su balance, cobrando por su administración; (4) evaluar el desempeño que será medido por gestión financiera/operativa, resultados económico/sociales y calidad en el servicio; (5) extender a todos los bancos públicos un régimen administrativo acorde con la realidad del mercado financiero: profesionalización de la gestión y aumento de productividad; y, (6) medidas contracíclicas.

Con la reforma se han definido el financiamiento en tres bloques: (1) financiamiento a sectores productivos a cargo de la Corporación Financiera Nacional (CFN) con el Banco del Pacífico como su brazo financiero de primer piso, y el Fondo Nacional de Garantías que está bajo su administración; (2) financiamiento incluyente a cargo del Banco Nacional de Fomento –o la entidad que lo reemplace- y la Corporación Nacional de Finanzas Populares, sobre todo en el sector rural y microempresas; y, (3) financiamiento para desarrollo territorial y vivienda a cargo del Banco del Estado (BEDE).

A nivel de instituciones se han realizado importantes cambios. La CFN, que fue autorizada a operar como un holding bancario de primer piso. El Banco Nacional de Fomento, fue reemplazado por el Banco de Desarrollo Rural, con el objetivo de agilizar y reducir tiempos en la concesión de créditos que financien actividades agrarias, en especial a los pequeños productores.

También, se decidió que las funciones del Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) sean asumidas paulatinamente por el BEDE que asumirá la financiación de los proyectos de vivienda de interés social, que inició con la compra de la cartera de 23 proyectos habitacionales al BEV, por US$37 millones.

En el Caribe
En El Salvador, de acuerdo con la Ley del Sistema Financiero para el Fomento al Desarrollo, el Banco Multisectorial de Inversiones (BMI) fue transformado en el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal). Las principales líneas de crédito del banco se espera que favorezcan a los grupos estratégicos en sectores productivos, salud, educación, energía y turismo, en rubros tales como: formación de capital, agricultura intensiva, inversión en fincas cafetaleras y avíos para la seguridad alimentaria y cultivos tradicionales; innovación tecnológica, asociatividad empresarial y programas de impulso a negocios y de compras públicas; el fomento a la investigación y desarrollo académico e infraestructura en salud.

El cambio en El Salvador se gesta desde 2009, cuando los bancos privados contrajeron su apetito de riesgo, bajaron el nivel de crédito, y la banca pública, aunque tenía un patrimonio apreciable, no pudo salir a apoyar a los sectores productivos. El gobierno fue consciente de la importancia del acceso al crédito para revertir una de sus peores contracciones económicas del país (-3% del PIB).

Es así que con el apoyo del gobierno brasileño, que a través del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), facilitó expertos para asesorar en este cambio de la entidad. Al mismo tiempo recibieron asesoría del BID para constituir un Fondo Nacional de Garantías similar al existente en Colombia.

La principal diferencia entre el modo de operar del BMI y con el que ahora opera Bandesal radica en la forma en que se entregaba el crédito. Antes el BMI trabajaba sobre una estructura en donde diseminaba sus recursos en las instituciones financieras de carácter privado que se encargaban de hacer llegar el crédito a los sectores productivos. El BMI revisaba el riesgo que tenía la institución financiera con la que trabajaba. Esta última se encargaba de decidir si los proyectos presentados por los empresarios tenían méritos suficientes como para hacerse acreedores de un financiamiento.

Ahora el Bandesal, con las nuevas facultades tiene la posibilidad de dar créditos directos. Esto se consideró importante, porque El Salvador requiere aumentar sus niveles de inversión en la parte parte productiva en el país que ha estado casi desde 1996 en unos niveles muy bajos. Lo que ha llevado a que las Pymes no puedan dar un salto de calidad para ser más competitivos e insertarse mejor en el mercado. Pues se entendió que no es sólo capital de trabajo lo que se necesita, sino un financiamiento de mediano y largo plazo.

Bajo esas concepciones se creó el Fondo de Desarrollo Económico (FDE), a través del cual el banco otorga créditos directos a los sectores productivos bajo distintas líneas de financiamiento destinadas para el sector agropecuario, agroindustria, industria, servicios, construcción, una línea especial para las pequeñas y medianas empresas, para actividades estratégicas como la energía, exportación, turismo, inversión extranjera, salvadoreños en el exterior, educación y salud.

Asimismo, se creó el Fondo Salvadoreño de Garantías (FSG), que estarían bajo la administración del Bandesal, a los cuales se suman a las otras actividades que el BMI realizaba antes de su transformación. Con el FSG (que empezó US$ 5 millones pero que puede aumentar hasta US$ 20 millones) el banco pretende acompañar a las iniciativas productivas que se acercan al sistema financiero privado pero que no cuentan con una garantía para ser beneficiario de crédito. Así el banco pretende ayudar a las microempresas para que tengan una garantía con la cual puedan acceder a créditos.

En República Dominicana
El dominicano Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV), después de cuatro décadas operando como regulador y supervisor, ocho años como promotor, asegurador y banco de segundo piso, está en ruta a su tercera transformación, para ser un banco de apoyo al comercio exterior.

Nació en 1962 como Banco Nacional de la Vivienda (BNV), ahora se busca convertirlo en una especie de «Eximbank dominicano». El Gobierno de Corea, en un estudio que realizó sobre las exportaciones dominicanas como parte de su programa de compartir conocimientos, determinó que el financiamiento al sector exportador, de menos del 2% de la cartera total, es uno de los principales problemas que afectan al sector.

Este cambio en su estructura orgánica e institucional, para convertir al BNV en el Banco Nacional de Desarrollo de las Exportaciones (Bandex), se ubica dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) y de los planes que tiene el gobierno de incentivar el comercio exterior.

Experiencia mexicana
En México se promulgó la iniciativa de Reforma Financiera mediante la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, aprobada el 26 de noviembre de 2013. Ella consta de cuatro ejes que pretenden brindar mayor flexibilidad e incentivos para que el sector privado y la banca de desarrollo, de forma conjunta, otorguen más créditos en mejores condiciones y más baratos, estableciendo lineamientos para: fomentar la sana competencia; que la banca de desarrollo y las instituciones financieras privadas fomenten el crédito; mantener un sector financiero sólido y prudente; y, hacer más eficaces las instituciones financieras y el actuar de las autoridades en la materia.

En lo que corresponde a la banca de desarrollo con la reforma espera que se fomente el crédito a través de redefinición de su mandato, lo que le permitirá convertirse en un verdadero motor del crecimiento económico. Especial énfasis se dará a las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, como son: infraestructura, apoyo a las Pymes, innovación y creación de patentes, exportaciones, apertura de nuevos mercados e importación de bienes de capital. Para ello, complementará mercados, buscando promover la participación del sector privado, sin competir con dicho sector.

Para la banca de desarrollo existe un mandato muy específico que tendrán a partir de ahora, que es promover la perspectiva de género. En congruencia con uno de los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo Nacional, ellas habrán de fomentar programas y productos para lograr una mayor inclusión financiera de las mujeres.

La Reforma Financiera propicia el crecimiento del sector financiero y establece un nuevo mandato para la banca de desarrollo con dos efectos principales: (1) otorga mayor flexibilidad regulatoria y financiera a la operación de las instituciones; y, (2) crea las condiciones para que ésta amplíe el crédito a los sectores productivos.

De otro lado, la iniciativa quita limitaciones a la realización de inversiones y a la participación de los bancos de desarrollo en el capital de las empresas relacionadas con sus actividades de fomento y, al mismo tiempo, les autoriza a elaborar programas en áreas prioritarias del desarrollo nacional. Se espera que con ello recobren su capacidad de impulsar grandes proyectos industriales (bienes de capital, manufacturas pesadas, automotriz, transformación de las maquiladoras) o grandes proyectos de infraestructura (regeneración de distritos de riego, puertos, redes viales, nuevos centros turísticos).

También junto al mandato de ampliar el crédito, se flexibilizan la contratación de personal calificado en estas entidaes, así como la fijación de remuneraciones conforme a los estándares del sector financiero privado.

Entre los cambios que vienen para la banca de desarrollo, destacan, en primer lugar, el cambio de su objetivo: ya no es solo preservar su capital, y por lo tanto no prestar, sino al contrario, dar créditos donde no está la banca privada. Los cambios más fuertes vienen con Bansefi, que se transforma en el Banco Social de México, donde sus obetivo es la inclusión financiera de la enorme informalidad, con productos específicos para las nuevas necesidades de la población. Por ejemplo, habrá productos exclusivos para las mujeres, quienes acceden mucho menos que los hombres a productos bancarios.

El otro cambio fuerte es el de Financiera Rural, que ampliará su objetivo hacia un sector clave, nada explotado en México: la pesca. Ahora se llamará Financiera Rural Agropecuaria y Servicios Pesqueros. Y se seguirá complementando con los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) – Banco de México. Entre las modificaciones del mandato de la Financiera Rural están: (1) se elimina el mandato de preservar y mantener el patrimonio, permitiendo tomar mayor riesgo de manera prudente, eficiente y transparente, (2) se faculta al Consejo Directivo para definir la estrategia y criterios sobre tasas, plazos, riesgos de las operaciones y tipos de negocio; (3) se le faculta también para determinar las políticas para aplicar y enajenar bienes que reciba en pago; (4) se eliminan límites de préstamos o créditos, para que se ajusten a los montos, instancias de autorización y lineamientos que apruebe el Consejo Directivo; y, (5) se autoriza que en los casos en que se requiera mantener la planta productiva o dar atención inmediata, se puedan otorgar créditos considerando sólo la viabilidad del crédito y la suficiencia de garantías, previa autorización del Consejo Directivo.

Por otro lado se espera que Nafin siga por la línea que inició con fianzas para que las Pymes puedan venderle al gobierno. En cuanto a Bancomext, también se están haciendo propuestas, como por ejemplo, apoyar a la industria turística que carecía de oferta de crédito, a pesar de ser un sector que genera divisas, empleos y, es poco contaminante.

Entonces, con la reforma financiera que trae un mejor marco de recuperación de garantías, más el crecimiento económico y atacando la informalidad (para que el sector informal se vuelva formal y se le pueda prestar), se espera que venga un fuerte crecimiento crediticio sobre todo a las Pymes. En la actualidad del 100% de los activos de la banca comercial el crédito a las Pymes representa solo el 3.3%.