DESCARGAR DOCUMENTO   DESCARGAR DOCUMENTO  DESCARGAR COMPRIMIDO

 

 

SÍNTESIS TEMÁTICA

 

 

De las exposiciones y debates efectuados, así como de la documentación presentada, pueden señalarse las conclusiones y recomendaciones que se recogen en la síntesis temática de la reunión:

 

MERCADOS FINANCIEROS Y PANORAMA DEL FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO

1. Los sistemas financieros de los países de la región continúan siendo mercados poco desarrollados y profundos. La profundización financiera -crédito al sector privado del sector financiero en relación al PIB- en los últimos diez años fue de 0.32, apenas un poco más alto que Asia del Sur (0.25), pero muy distante de lo alcanzado por Europa (0.92), Asia del Este (1.30), o los EE.UU. (2). Igualmente, la eficiencia de la banca comercial es una de las más bajas del mundo, en promedio durante el período 1996-2005 los gastos generales y los márgenes de intermediación son mayores a los observados en el Sudeste Asiático, Medio Oriente y África del Norte, Europa Occidental, Asia y el Pacífico, Estados Unidos, Europa y Asia Central. Otra característica de los sistemas financieros es que son fundamentalmente bancarios y de corto plazo, los mercados de valores que deberían ser la fuente natural de los recursos de largo plazo, son de los más bajos del mundo en términos de capitalización. Por ejemplo, el valor de las acciones en bolsa sobre el PIB apenas bordea el 20%. Asimismo, son marcadamente procíclicos, el crédito tiende a crecer más que el producto en épocas de auge económico y a caer más en etapas de crisis, ampliando de esa manera las fluctuaciones de los ciclos económicos. Todo ello se traduce en bajos niveles de acceso a servicios financieros, con un agravante adicional, y es que dicho acceso es desigual y discriminatorio, ya que menos del 5% de los pobres tiene acceso al crédito y menos del 15% al ahorro, en comparación a las familias no pobres que representan el 8% y 33% respectivamente.

2. Las empresas grandes y medianas se financian principalmente con recursos propios, y en segundo lugar de los bancos. Por su parte, las microempresas se financian con recursos propios y de fuentes informales. América Latina no es la excepción a esta realidad, con la única diferencia que el crédito de proveedores tiene una mayor importancia respecto a otras regiones como fuente de financiamiento de las empresas. Entre los factores que inciden para un bajo acceso al sistema financiero en nuestra región están las asimetrías de información; los costos de transacción -que hacen que muchas veces el costo de prestar el servicio puede superar la rentabilidad esperada ajustada por riesgo-, la falta de garantías reales, la inexistencia de historial crediticio, el riesgo asociado a la actividad, la falta de productos y servicios adecuados y atractivos, los topes a la tasa de interés, la inadecuada infraestructura bancaria; asimismo, el bajo desarrollo institucional (sistemas judiciales y derechos de propiedad), la regulación, la estabilidad macroeconómica, y la profundización financiera. Para potenciar el acceso al sistema financiero se señaló que se requiere de la participación tanto de la banca de desarrollo, banca comercial, instituciones financieras no bancarias, así como del mercado de capitales, todos de manera integrada deben apuntar hacia un mismo objetivo nacional.

3. La evidencia muestra que los mecanismos de mercado por sí solos no han sido suficientes para promover el acceso al financiamiento, para ello se requiere de políticas públicas para enfrentar las fallas de mercados y promover el desarrollo financiero. En este aspecto, la banca de desarrollo es un instrumento que permite conciliar criterios comerciales con políticas públicas para enfrentar problemas ligados a los costos de transacción y asimetrías de información. Esto debe llevar consigo el compromiso de acceso de los grupos más desfavorecidos, el desarrollo de instrumentos financieros que den cuenta de la heterogeneidad productiva y de las diversas demandas de los hogares. En lo referido al desarrollo de instrumentos, se mencionó, por ejemplo, para el financiamiento del capital de trabajo: el factoring, leasing y créditos de proveedores; para el financiamiento de la inversión: líneas de crédito de largo plazo, fondos de garantía, capital de riesgo y fondos de inversión. Por otra parte, se destacó los avances importantes en cobertura que han permitido las microfinanzas, que se han expandido de manera significativa en toda la región, llegando a atender a 6 millones de clientes, con una cartera que al 2005 alcanzaba los US$5,000 millones, donde diferentes actores -ONG, banca comercial y banca pública- expanden su ámbito de acción, y que ahora ofrecen una diversidad de productos para financiamiento de capital de trabajo, inversiones, seguro de crédito, seguros de salud, seguro de protección para la empresa; y para las familias ofrecen crédito hipotecario, crédito de educación superior, seguros (vida, accidentes, educación), medios de pago como tarjeta de crédito, cuenta de ahorros, cuenta corriente, inversión en fondos mutuos, depósitos a plazo, entre otros.

INCLUSIÓN FINANCIERA Y SOCIAL: EXPERIENCIAS INNOVADORAS EN LA BANCA DE DESARROLLO

4. La existencia de problemas para la inclusión (bancarización) financiera, se sugirió analizarla tanto desde el lado de la oferta como de la demanda. En el caso particular de Chile, se mencionó que por el lado de la oferta hay algunos desafíos por superar, por ejemplo, que los spreads estén dentro del “techo” de las tasas máximas convencionales y otras regulaciones (límites a gastos de cobranza) exigidas por la legislación local; que el modelo de operación contemple una tasa de gastos adecuada al producto; el disponer de una tecnología eficiente a los volúmenes de operaciones; contar con modelos de mitigación de la tasa de gasto en riesgo, lo cual muchas veces exige quizás cambiar de paradigmas o eliminar las trabas regulatorias; definir la rentabilidad esperada, y cuánto tiempo se está dispuesto a aceptar rentabilidades negativas; y en general, que no es posible patentar o proteger las innovaciones que se logran desarrollar para lograr una mayor inclusión financiera. Por el lado de la demanda, se mencionó el hecho que los clientes potenciales están poco informados y son escépticos de que el sistema bancario les haga ofertas acorde a sus requerimientos; pero también está el hecho que efectivamente las empresas más pequeñas son los clientes de más alto riesgo. El índice de riesgo de los micro deudores es de 8% y la cartera vencida 6.8%, contrariamente en la grandes empresas, estos mismos indicadores llegan al 3.3% y 2.8% respectivamente. Por otra parte, el riesgo de la cartera de consumo en el estrato socioeconómico bajo es de 6.5% y en el estrato alto es de apenas 1.3%. No obstante estas condiciones o niveles de riesgo, se aprecian esfuerzos importantes para elevar la bancarización. Por ejemplo el número de servicios por cada 100 mil habitantes entre el año 2000 y 2006 ha experimentado incrementos importantes: la cantidad de tarjetas de crédito se duplicó, las tarjetas de débito aumentaron en cuatro veces, las cuentas corrientes en cerca de 25% y los cajeros automáticos en más del 30%.

5. El Banco del Desarrollo de Chile que cuenta con colocaciones del orden de los US$3,974 millones y una participación de mercado de 4.1%, orienta sus esfuerzos a satisfacer a los segmentos tradicionalmente no cubiertos por la banca, basado en tres aspectos: (a) atención a sectores de la población con menor nivel de acceso o excluidos del sistema financiero; (b) inclusión territorial y descentralización de decisiones que toma en cuenta las características propias de cada zona; y (c) innovación en productos y/o mercados (con atención en los sectores excluidos, inclusión por innovación). En estos tres aspectos, el Banco ha sido pionero e innovador. Algunas de sus experiencias son las siguientes: En Pyme el Banco comenzó atendiendo a este segmento desde su fundación en 1983, en medio de la crisis financiera más grande que ha vivido el país y cuando ningún agente financiero atendía a este segmento; es líder en el financiamiento de establecimientos educacionales con el 17,7% de los colegios privados y particulares subvencionados existentes en el país. Además, es líder en el financiamiento de estudios en educación superior. El saldo en colocaciones en este rubro es de casi US$200 millones, con más de 58 mil operaciones vigentes. En lo referido al financiamiento de la vivienda social, en los últimos 12 años ha financiado cerca de 160 mil viviendas. Para la atención a la microempresa cuenta con una filial dedicada exclusivamente a este sector y que a la fecha atiende a más de 94 mil clientes, y desde su creación ha atendido más de 318 mil operaciones de crédito. En microcrédito ha creado un programa de desarrollo solidario para apoyar a las mujeres pobres a insertarse en actividades productivas, que desde su creación ha otorgado cerca de 15.000 créditos. Asimismo, para las familias de estratos socioeconómicos medios bajos ha creado una tarjeta de crédito-débito para financiar vivienda, educación y salud, que a mayo de 2007 contaba con 79 mil tarjetas vigentes.

6. El desafío que hoy enfrentan los sistemas financieros es el paso de la exclusión a la inclusión financiera; así como el tránsito desde las microfinanzas hacia sistemas financieros incluyentes, entendiendo por tales a aquellos que promueven la provisión de servicios financieros a todas las personas y empresas a través del sistema financiero en su conjunto, fortaleciendo y estimulando, pero no limitando su acción al desarrollo de las instituciones especializadas en microcréditos y microfinanzas. El desarrollo de esto último brinda bienestar social y económico a las personas, en particular a los pobres, permitiéndoles una mejor integración a la economía de sus países, contribuyendo activamente a su desarrollo y protegiéndolos contra los impactos económicos adversos. La inclusión además es necesario verla desde una triple perspectiva: (a) como un imperativo ético y de derecho económico; (b) como una palanca para el desarrollo para las personas y nuestros países; y (c) como una oportunidad para hacer nuevos negocios e innovaciones. La inclusión financiera es un beneficio para nuestros países, que debería ser fomentada fuertemente. En su experiencia para facilitar la inclusión financiera, los bancos de desarrollo han debido hacer frente a las barreras y resistencia por parte de distintos actores y marcos de referencia (leyes y normativas, reguladores, clasificadores, inversionistas, etc.).

7. Un sector financiero incluyente requiere del acceso universal a todos los servicios financieros a costos razonables, instituciones sólidas guiadas por una reglamentación específica, sostenibilidad financiera e institucional, y múltiples proveedores de servicios financieros que aseguren competitividad y transparencia, productos y servicios financieros acordes a las necesidades de los sectores excluidos, la creación de fondos de garantía con el fin superar uno de los mayores obstáculos que encuentran estos sectores para el acceso al financiamiento bancario, e integrar en la regulación el objetivo de inclusión financiera. Asimismo, se requiere de un contexto de política general que incluya: crecimiento con equidad, equilibrio macroeconómico, instituciones fuertes, un sector financiero saludable, competencia, diversidad y transparencia. También requiere de una política de costos, toda vez que los mayores costos asociados al menor tamaño de las operaciones microfinancieras deben compensarse con precios adecuados y con el desarrollo de productos que reduzcan otros costos para la institución financiera. En este sentido, la reducción de los costos fijos derivados de la implementación de tecnologías y metodologías adecuadas y de la infraestructura financiera para la gestión del riesgo contribuye a esos fines. El desarrollo de las finanzas incluyentes requiere también de la definición por parte de la regulación del sector microfinanciero diferenciado del resto de los sectores de la economía; así como de la complementación de los diferentes actores financieros mediante la concreción de alianzas estratégicas para proveer una oferta integral de servicios financieros y no financieros conexos que incluyan capacitación, información, asesoría técnica, etc.

8. Las percepciones de las microempresas y de los bancos acerca de los obstáculos y limitaciones para acceder al financiamiento no siempre son coincidentes. En un estudio realizado por el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), las microempresas perciben al sistema bancario con cierta lejanía, sobre todo en virtud de que sienten que éste los excluye de la posibilidad de acceso a un crédito para desarrollar sus actividades, y que no los visualiza como clientes. En todo caso, no se sienten entendidos y creen que la relación con el sistema financiero parte de los criterios que éste les imprime y ven poca influencia de sus necesidades en él; y que únicamente está orientado a proveer servicios financieros a las grandes empresas. Estiman que para solicitar un préstamo en una institución bancaria deberían contemplarse ciertas especificidades para un público tan particular, que no responde al formato actual de lo estipulado por los bancos. Por ello, sugieren las ideas siguientes: (a) que el trabajador independiente presente al banco un proyecto de trabajo o inversión, para ser estudiado y evaluado, y a partir de allí determinar si dicho proyecto es viable y rentable, y en base a esas consideraciones decidir si otorga o no el crédito solicitado; (b) flexibilidad en caso de no poder pagar las cuotas en la fecha pactada, y la seguridad de no tener que pagar altos intereses por las cuotas en situaciones de atraso; (c) cuotas acorde a la capacidad de pago de la empresa; (d) estiman que tienen cosas para ofrecer como garantías que difieren de las actualmente solicitadas por los bancos, pero que son igualmente valiosas y pueden servir de respaldo de un préstamo. Al respecto mencionan su trabajo, que se concretiza en un servicio o un producto tangible, de calidad, con una historia y trayectoria propia y probable, el capital invertido (local, maquinaria, materia prima, herramientas), facturación mensual de la empresa, aportes al día (seguridad social e impositiva), clientela, historial personal de buen pagador de servicios públicos también deben ser referencias que avalen quien se es a la hora de evaluar la pertinencia o no de ser sujeto de crédito.

9. Los resultados del estudio referido en el punto anterior han motivado al Banco de la República Oriental del Uruguay a implementar nuevas acciones para lograr una mayor inclusión financiera, que se agregarían a las recientemente implementadas. Entre ellas cabe destacar las siguientes: (a) Creación de la Tarjeta MYPES, conjuntamente con la Corporación Nacional para el Desarrollo, orientada específicamente al sector con ventajas impositivas y que además tiene como propósito favorecer la formalización de las microempresas informales; (b) la reducción y/o eliminación de comisiones por bajo promedio en cuentas de ahorro y su transformación por comisiones por transacción a partir de un cierto mínimo; (c) la creación de la Cuenta Alcancía sin exigencia de montos mínimos; (d) la Tarjeta Prepaga PANES destinada a la adquisición de productos alimenticios y de higiene básicos por parte de los beneficiarios del Plan Nacional de Emergencia Social; y (e) favorecer y reducir el costo de las remesas del exterior posibilitando la creación de cuentas de ahorro “a distancia” desde los consulados uruguayos y el establecimiento de acuerdos para reducir costos de transferencia con los bancos de origen.

10. En el caso de la experiencia de la Corporación Financiera de Desarrollo S.A. (COFIDE), del Perú, se destacaron diversos programas que viene impulsando para promover la inclusión financiera:

• Las Uniones de Crédito y Ahorro (ÚNICAS), que son unas cajas de ahorro y préstamos muy pequeñas localizadas en zonas de pobreza. Las ÚNICAS se forman con no más de 30 familias bajo un esquema solidario, donde cada miembro aporta capital y ahorros y solicitan pequeños créditos. Éste es un programa inclusivo que traslada a una comunidad del nivel de subsistencia a una fase productiva, no es asistencial, capacita sobre aspectos empresariales y los fundamentos de las operaciones financieras y de microcréditos. Las ÚNICAS están quebrando paradigmas con la integración al mercado de forma sostenible y competitiva a las familias pobres, y es el medio más viable para que las familias campesinas superen la pobreza.

• Productos financieros estructurados (PFE): Tiene como objetivo propiciar un mayor acceso al crédito para la micro y pequeña empresa agrícola y urbana a tasas de interés competitivas. Basado en la metodología del “project financing”, evalúa el proyecto y no al sujeto de crédito. Esta tecnología agrupa pequeños productores y forma cadenas productivas, basada en esquemas de supervisión y asistencia técnica directa y permanente. El financiamiento se diseña en función al flujo de caja del proyecto que está calzado con el proceso real de la actividad económica. El PFE considera como garantía principal de repago la existencia de un comprador identificado que ofrece un contrato de compra-venta. Además, contempla la firma de un contrato de fideicomiso de garantía y gestión por parte de los operadores productivos.

• Programa COFIGAS orientado a apoyar el cambio de la matriz energética del país con base en el uso intensivo de gas natural. El programa financia la conversión y adquisición de vehículos livianos y buses a gas natural vehicular. El pago del crédito se realizará a medida que se use el gas, mediante un sistema de carga inteligente (“chip”) que opera en el momento en que las unidades vehiculares se abastecen del gas, estimándose que en el lapso de un año se tendrá pagada su conversión. Los taxistas no son en términos estrictos sujetos de crédito (pues no son ubicables), en consecuencia nadie les puede prestar dinero o darles un seguro de accidentes, porque nunca se sabe si van a pagar, entonces con éste programa se ha hecho posible convertir en sujeto de crédito a toda un segmento social que antes no tenía acceso, pero además los ha vuelto sujetos de servicios de seguros.

• Profundización del mercado de capitales con inclusión con el primer Programa de Emisión Masiva que tiene como objetivos la participación de nuevos inversionistas, distintos de los institucionales, generación de alternativas de ahorro en el corto plazo, y propiciar una mayor liquidez y profundidad del mercado. La emisión es en moneda nacional, por un monto de hasta US$100 millones, el valor nominal de cada título es de S/. 1,000 cada uno (aproximadamente US$323).

FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO SUSTENTABLE: ESQUEMAS E INSTRUMENTOS

11. La Corporación Andina de Fomento, institución financiera multilateral latinoamericana, que presta servicios financieros y bancarios múltiples a clientes del sector público y privado en sus países socios, ha implementado la Agenda de Desarrollo Integral que busca un crecimiento sostenido de calidad con eficiencia, estabilidad y equidad para lograr la transformación productiva de los países de la región andina. Ello en condiciones de equilibrio macroeconómico, inversión en todas las formas de capital, aumento de la productividad e inclusión social, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, inserción internacional y gobernabilidad democrática, con la participación del sector público y privado, la sociedad civil y la comunidad internacional. Para ello, ha definido seis áreas estratégicas para su acción: infraestructura sostenible; competitividad, Pyme y microempresa; desarrollo social, cultural y comunitario; sistemas financieros y mercados de capital; estabilidad macroeconómica y reformas estructurales; y medio ambiente. En el aspecto de desarrollo e inclusión social prioriza el apoyo a proyectos de agua potable y saneamiento, hábitat y desarrollo urbano, agricultura y desarrollo rural, educación y salud, que tengan objetivos claramente definidos, de alto impacto social, que sean verificables, de acción integral, y que integren a los beneficiarios en el proceso de implementación. Con ello se busca profundizar el conocimiento de las prioridades y necesidades sociales de la Región, generar una cartera de inversión social estratégica e integral, realizar un seguimiento sistemático de la ejecución de las operaciones para optimizar su impacto, propiciar una visión común del desarrollo social. Los financiamientos de la CAF son de corto, mediano y largo plazo, con plazos de 1 a 20 años. En el año 2006, la Corporación aprobó financiamientos para proyectos del orden de los US$6,621 millones.

12. En cuanto al financiamiento de proyectos medioambientales se destacó que la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), en el marco del Plan de Seguridad Energética que está impulsando el gobierno de Chile con el objetivo de diversificar la matriz (en términos de insumos y proveedores), lograr mayor independencia de combustibles fósiles, promover el uso eficiente de la energía, mitigar emisiones de gases con efecto invernadero, facilitar el ingreso de nuevos actores al mercado eléctrico, fomentar la innovación, y generar nuevas oportunidades de negocios; apoya el desarrollo de pequeñas centrales de generación eléctrica (de menos de 20 MW) conectadas a la red nacional, que se sustenten en energías renovables, y promueve el desarrollo de proyectos que sean elegibles y aptos técnicamente para participar del Mecanismo de Desarrollo Limpio (Protocolo de Kyoto). Para tal efecto, cofinancia estudios de pre-factibilidad y factibilidad, estudios prospectivos del recurso energético, ingeniería básica, ingeniería de detalle, impacto ambiental, asesorías para la participación en el mecanismo de desarrollo limpio, y asesorías en la evaluación del modelo de negocios. Las propuestas presentadas a la CORFO son evaluadas tomando en consideración criterios tales como: fortaleza técnica, capacidad del equipo ejecutivo, calidad de formulación del proyecto, fortaleza financiera, evaluación y rentabilidad del proyecto, grado de avance del proyecto y de preinversión ya realizada, plazo probable de inicio inversión y de la operación, impacto económico y generación de empleo, desarrollo de territorios, reducción de gases de efecto invernadero, y porcentaje de cofinanciamiento de estudios y consistencia de valor de mercado. Los financiamientos son hasta 12 años de plazo y por montos de hasta US$5 millones. Existen algunas opciones de financiamiento para este tipo de proyectos que están en estudio, ejemplo, fondos de inversión de capital de riesgo, garantías sobre flujos (securitización) o parciales a créditos, y apoyo para financiar equity.

13. América Latina y el Caribe cuenta con el suficiente conocimiento así como con los instrumentos y las personas capacitadas como para incrementar la inversión en proyectos que contribuyen a mejorar el medio ambiente. Por otra parte, se dispone de abundante liquidez en los mercados regional e internacional como para financiar dichas inversiones, y se tiene el conocimiento de modelos de validez probada en la práctica. La contrapartida es que las instituciones financieras de la región tiene un conocimiento limitado en estos temas, hay muchos deseos y voluntad pero muy poca acción, las estructuras de capital de las instituciones financieras no son las más apropiadas para financiar este tipo de inversiones, los marcos regulatorios que se aplican por parte de las entidades reguladoras -superintendencia y/o bancos centrales- son demasiado rígidos y no promueven la inversión en proyectos ambientales. Las áreas con mayores posibilidades de generar proyectos y recibir este tipo de inversión son: energía, donde casi todos los países son deficitarios, sector forestal (madera y conservación), reconversión industrial y agricultura, y transporte que es un de los principales responsables de la contaminación en las grandes ciudades.

GOBIERNO CORPORATIVO Y REGULACIÓN PRUDENCIAL EN LA BANCA DE DESARROLLO

14. Los principios de gobierno corporativo que fueron establecidos en 1999 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), fortalecen la confianza en la gestión empresarial, al regular las relaciones entre todas las partes interesadas. La OCDE considera que: implica relaciones entre la administración de la sociedad, su consejo, sus accionistas y los terceros interesados. En la práctica, provee a los accionistas un mecanismo que sirve de contrapeso y de guía a la administración del negocio, a fin de asegurar niveles de eficiencia adecuados, garantizar calidad, oportunidad y adecuada diseminación de información sobre las condiciones financieras y operativas de las empresas u organizaciones. La implantación de un gobierno corporativo no solo es tema de cumplimiento normativo, genera beneficios cuantificables a las entidades. Las empresas mejor calificadas en materia de gobierno corporativo suelen ser más rentables. Por otra parte, el mercado y los inversionistas prefieren las empresas mejor gobernadas. En el sector público, las buenas prácticas se traducen en una buena imagen ante los ciudadanos, proporcionan a las autoridades una seguridad razonable sobre la gestión de las entidades y propician mayor eficiencia en el manejo de los recursos para cumplir las funciones encomendadas.

15. En España en los últimos años hay una gran preocupación y dedicación por parte del gobierno y de los distintos grupos de interés en aspectos de gobierno corporativo, habiéndose dado unas serie de medidas, siendo las más significativas la implantación del: (a) el Código de Buen Gobierno para los Miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Administración General del Estado, de febrero de 2005. El código responde a las líneas directrices de los principios básicos de la OCDE, que señala que los altos cargos no sólo han de cumplir con las obligaciones legales, sino que, además, su actuación ha de inspirarse en los principios éticos y de conducta siguientes: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y de la igualdad entre hombres y mujeres; (b) Informe del Grupo Especial de Trabajo sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, de mayo de 2006, creado para asesorar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la armonización y actualización de las recomendaciones de informes previos sobre buen gobierno de las sociedades cotizadas. Los principios básicos aquí considerados son: voluntariedad con sujeción al principio de “cumplir o explicar”, evaluación por el mercado donde corresponde a los accionistas, inversores y, en general, a los mercados valorar las explicaciones que las sociedades cotizadas den sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones; y generalidad, es decir, se aplica a todas las sociedades cotizadas; (c) Informe de la Subcomisión Parlamentaria para Potenciar y Promover la Responsabilidad Social Empresarial, en julio de 2006, que entre otras cosas recomienda: intensificar la transparencia y el buen gobierno de las empresas, asumiendo las directrices del Código de la CNMV, fomentar la incorporación en los principios y políticas empresariales, en particular en los estatutos, de los compromisos con los distintos grupos de interés, no sólo de los accionistas.

16. El Instituto de Crédito Oficial (ICO), de España, como entidad pública empresarial, con naturaleza jurídica de entidad de crédito, y consideración de agencia financiera del Estado con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como con autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines; tiene que someterse a la normativa de gobierno corporativo del país, referida en el punto anterior. Para tal efecto está sometido al cumplimiento de dos tipos de mecanismos:

• (a) De control externo: comprende al Tribunal de Cuentas, que tiene carácter externo, permanente y consultivo y se refiere al sometimiento de la actividad económico-financiera del sector público a los principios de legalidad, eficiencia y economía de los ingresos y gastos públicos. El Tribunal lleva a cabo su función fiscalizadora a través del examen y comprobación de las cuentas generales de todas las entidades y organismos del sector público y de los beneficiarios de ayudas públicas (subvenciones, créditos o avales); así como del examen de los contratos celebrados por la Administración del Estado y de las demás entidades del sector público. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que ejerce el control interno de la gestión económica y financiera del sector público estatal, con plena autonomía respecto de las autoridades y entidades. El control tiene como objetivos verificar el cumplimiento de la normativa, el adecuado registro y contabilización de las operaciones, el cumplimiento de los objetivos asignados, y evaluar la gestión financiera. Los resultados de la inspección del IGAE se informan cada año al Consejo de Ministros. La Inspección de los Servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, que inspecciona de forma permanente todos los servicios, y analiza la eficacia en el cumplimiento de objetivos, eficiencia y economía en la gestión, adecuación de la aplicación de las normas, y calidad en la atención a los ciudadanos. La Auditoria Externa, Supervisión del Banco de España e Inspección de la Agencia Tributaria.

• (b) De control interno: comprende la auditoría interna que tiene como funciones y objetivos auditar la totalidad de actividades del ICO de forma continua; llevar a cabo auditorias especiales a solicitud del Presidente; elaborar informes con objetividad dentro del más estricto secreto profesional, en cumplimiento del contenido del Código de Ética publicado por el Instituto de Auditores Internos de España (IAI); controlar de forma continua la seguridad, eficiencia e idoneidad de la organización; y comprobar que se cumple la legislación, las recomendaciones de los órganos supervisores y las normas e instrucciones de los órganos de dirección del ICO. El Código de Conducta que consiste en un compendio de medidas que buscan asegurar la integridad, objetividad, independencia y correcto uso de la información por parte de los empleados y directivos de la entidad. Los principios generales establecidos en este Código de Conducta son: código ético de actuación, confidencialidad y protección de datos, cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, integridad y lealtad profesional, régimen de incompatibilidades que afecta al personal y uso del nombre de la institución. La Prevención del Blanqueo de Capitales: Para tal efecto, el ICO dispone de una comisión interna cuyas funciones son las siguientes: analizar la información relativa a operaciones sospechosas, adoptando las medidas oportunas, conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el banqueo de capitales, recibir y analizar la información facilitada por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), e informar a ésta de cualquier aspecto relacionado con operaciones sospechosas. En la lucha contra la corrupción el ICO incluye en todos los convenios suscritos de los créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, cláusulas para tratar de impedir posibles prácticas de corrupción de funcionarios extranjeros, de acuerdo al Convenio de Lucha contra la Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales de la OCDE.

17. La gestión corporativa y la creación de valor es un objetivo de política económica u objetivo de negocio, lo cual supone actuar en varios aspectos: gobernabilidad, planeamiento, organización, procesos, control interno, tecnología de la información y sistemas de información, metodología del negocio, riesgos financieros y no financieros, mejores prácticas y en la cultura de la organización. En este propósito es vital la importancia del directorio en la credibilidad de la empresa en el mercado, en la comprensión de riesgos y contingencias del negocio, en la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo, en el propósito de contar con procesos integrados al negocio, para atraer y retener recursos escasos, para tener un crecimiento sostenido y tener un enfoque de estrategia en función a objetivos. Igualmente, es muy importante construir un sistema de gestión global, que haga posible compatibilizar las necesidades de los clientes, las expectativas de los accionistas y del resto de grupos de interés, así como los requerimientos de los reguladores. Este sistema requiere cumplir con varias premisas, como son: fundamentarse en criterios de valoración del riesgo prudentes, consistentes y basados en la experiencia; ser homogéneo en su aplicación en todas las actividades y negocios, empleándose metodologías corporativas adecuadas a cada tipología de riesgos; basarse en un esquema de gobierno corporativo de riesgo, acorde con recomendaciones de organismos supervisores, sustentarse en una cultura de riesgos común, compartida y extendida en la institución financiera; y permitir gestionar cada tipología de riesgos y, a la vez, facilitar una visión global e integrada de los mismos. Para ello el Sistema debe incorporar tres tipos de elementos: herramientas de medición y seguimiento homogéneas, que abarcan todas las actividades de negocio y dan cobertura a los diferentes riesgos implícitos de las carteras de clientes, productos, procesos, balances, etc; bases de datos, que permiten acumular la información necesaria; y sistemas de gestión que faciliten la estimación de pérdidas esperadas y capital económico; y procedimientos, y criterios de gestión, traducidos en políticas de riesgo que aseguren que el modelo de gestión está integrado en el proceso de toma de decisiones en todos los niveles de la empresa.

18. En el caso del Canadá, el enfoque de gobierno corporativo se basa en la autonomía de gestión, el balance entre la rendición de cuentas y la transparencia, y la necesidad de tener claramente definidos tanto los roles así como la estructura de las instituciones, a través de un marco legal muy bien definido. Acorde a estos conceptos el Business Development Bank of Canada (BDC), institución financiera publica que tiene el mandato de crear y desarrollar a la pequeña y mediana empresas del país, brindando financiamiento directo a largo plazo, financiamiento indirecto vía capital de riesgo, servicios de consultoría, que cuenta con activos de aproximadamente US$9,000 millones; está obligado por el Parlamento Nacional a presentar su Reporte Anual, auditado por el sector público y por el sector privado, presentar un Plan Corporativo anual, a someterse a un examen especial cada cinco años, a una revisión legislativa cada 10 años, y a la legislación de acceso a la información en curso en el país. Por otra parte, debe mantener un balance entre su autonomía como proveedor de servicios independiente y no político, responsable de sus operaciones, capaz de resistir a las presiones inapropiadas, y el de contar con un Consejo de Directores conformado por directores independientes; y la rendición de cuentas ante la administración, el directorio, el ministro del sector al cual esta adscrito el banco, y al Parlamento Nacional. Asimismo, el ambiente en el lugar de trabajo se rige por un conjunto de valores éticos, de relación con el cliente, espíritu de equipo, rendición de cuentas, y un equilibrio entre el trabajo y la vida de los empleados.

19. En México, el Estado ha generado regulación especial de gobierno corporativo para el sector público a través del Consejo Coordinador Empresarial que ha establecido un código de mejores prácticas que considera diez principios básicos: trato igualitario, reconocimiento de terceros interesados, revelación responsable de la información, guías estratégicas y monitoreo de la administración, control de los riesgos, principios éticos, prevención de operaciones ilícitas y conflictos de interés, revelación de hechos indebidos, cumplimiento de las regulaciones, certidumbre y confianza. Asimismo, ha fortalecido el marco regulatorio y prudencial para propiciar un mejor gobierno corporativo con reformas a leyes financieras de carácter obligatorio: Ley de Instituciones de Crédito, Ley de Regulación de Agrupaciones Financieras, Ley de Sociedades de Inversión, y Ley de Mercado de Valores. Además, ha impulsado el cambio del régimen regulatorio para la revelación de información financiera y control interno, con las medidas siguientes: disposiciones de carácter general aplicables a la revelación de información financiera emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), disposiciones de carácter prudencial en control interno para la banca de desarrollo, y Principios Internacionales de Revelación de Información para Ofertas Multinacionales de Valores. La regulación prudencial en México ha evolucionado para brindar un marco más adecuado a las entidades bancarias. Existe una “Circular Única” emitida por la CNBV que considera: calificación de la cartera de crédito, administración de crédito, administración y diversificación de riesgos, control interno, constitución de reservas preventivas, revelación de información financiera. Con ello se aseguran las acciones siguientes: fomentar los sanos usos y prácticas bancarias, la incorporación de comités de auditoría, propiciar mecanismos de control, consideración del riesgo operativo conforme a principios de Basilea II, evitar conflictos de interés, brindar a pequeños y medianos ahorristas una banca menos onerosa y más eficiente.

20. En el marco descrito en el punto anterior, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) – Banco de México, atiende los principios de gobierno corporativo a través de su Modelo de Gestión Directiva que está basado en las mejores prácticas corporativas como: (a) el Modelo INTRAGOB, que es una herramienta que permite diagnosticar los avances de los sistemas y procesos orientados hacia la calidad total, identificando claramente la cadena y la propuesta de valor de las instituciones hacia la sociedad, a efecto de reconocer las mejores prácticas de calidad total en el Gobierno; y (b) el Modelo del Premio Nacional de Calidad, ISO 9000; (c) la responsabilidad social; y (d) la administración del riesgo. El Modelo de Gestión Directiva se enfoca a satisfacer las expectativas y necesidades de sus clientes, así como de otros grupos de interés, tales como: Órganos de gobierno (Comités Técnicos), la sociedad, y el personal de la institución. El FIRA soporta su gestión en comités técnicos, los cuales cuentan con integrantes independientes, y participan los principales grupos de interés: entidades reguladoras, instituciones relacionadas y representantes de la población objetivo o clientes de la institución financiera. Sin embrago, a pesar de lo avanzado, aún quedan acciones por realizar, entre ellas: adoptar las mejores prácticas internacionales en materia de gobierno corporativo, eliminar los conflictos de interés, lograr una mayor transparencia en la información, dar mayor seguridad al negocio y reducir los riesgos, y establecer indicadores de gestión para evaluar el desempeño de la institución.